En entrevista con RCC Radio este jueves, Dietze afirmó que las expresiones del funcionario habrían tratado a las empresas transportadoras como “cuasi delincuentes”, acusándolas de explotar a los camioneros, apropiarse de gran parte del negocio y mantener condiciones cercanas a la “esclavitud”. Según sostuvo, estas afirmaciones no solo resultan inapropiadas, sino contradictorias con el rol de la propia institución estatal.
EMPRESAS HABILITADAS Y LUEGO DESACREDITADAS
El titular de CATRAPAR explicó que las empresas señaladas por el director de la DINATRAN cuentan con registros oficiales y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad reguladora. En ese sentido, cuestionó que se las catalogue como “informales” o sin estructura legal.
“Son empresas que la DINATRAN habilita y certifica, y luego públicamente las desacredita”, afirmó, al considerar que existe una incoherencia en el discurso institucional.
SOSPECHAS DE MOTIVACIÓN POLÍTICA
Dietze descartó que se trate de un simple error de información, señalando que han mantenido reuniones previas con el titular de la DINATRAN y su equipo técnico. En su análisis, atribuyó las declaraciones a una posible búsqueda de protagonismo político.
A su criterio, el funcionario estaría utilizando la exposición mediática del conflicto para posicionarse en el ámbito político, más que responder a criterios técnicos propios del sector transporte.
ANTECEDENTES DEL CONFLICTO: PROTESTAS Y REGULACIÓN
El dirigente recordó que la actual regulación del transporte de carga —incluyendo la Carta de Flete y el Comité Técnico— surgió en un contexto de alta conflictividad, cuando camioneros realizaron protestas que incluyeron el bloqueo de la Costanera de Asunción y amenazas de desabastecimiento.
En ese escenario se establecieron mecanismos como precios referenciales para el transporte, lo que hoy genera fuertes cuestionamientos desde el sector empresarial.
RECHAZO A LOS PRECIOS MÍNIMOS: “RAYAN LA INCONSTITUCIONALIDAD”
Uno de los puntos centrales del conflicto es la fijación de precios mínimos para el flete, medida que Dietze considera contraria a los principios del libre mercado.
“El mercado debe regirse por la oferta y la demanda”, sostuvo, al advertir que la imposición de tarifas mínimas puede afectar la competitividad del país y desalentar inversiones. En ese sentido, señaló que este tipo de políticas contradicen el discurso oficial de promoción económica y apertura a inversores.
PRECIO REFERENCIAL VS. PRECIO OBLIGATORIO
Dietze explicó que el precio referencial del flete surge de un estudio técnico elaborado por consultoras locales e internacionales, que establece un costo promedio por kilómetro recorrido. Sin embargo, aclaró que este valor debe ser solo una guía y no una imposición obligatoria.
Subrayó que cada camión constituye una unidad empresarial con costos propios, que pueden variar según factores como la antigüedad del vehículo, eficiencia, rutas, carga de retorno y condiciones del mercado.
DINÁMICA DEL MERCADO Y FORMACIÓN DE PRECIOS
El presidente de CATRAPAR defendió que el precio del flete debe establecerse mediante negociación entre el transportista y el propietario de la carga. En ese proceso, ambos evalúan sus costos y necesidades hasta alcanzar un acuerdo.
Para ilustrar esta dinámica, comparó el sistema con servicios como plataformas de transporte, donde los precios varían según la demanda y el horario, reflejando condiciones cambiantes del mercado.
ESTRUCTURA DEL SECTOR Y DIVERSIDAD DE ACTORES
Dietze indicó que el sector está compuesto por al menos tres gremios de transporte nacional y dos de carácter internacional, lo que evidencia una estructura diversa y compleja.
Asimismo, destacó que cada camión representa una inversión significativa —estimada entre 400 y 500 millones de guaraníes—, lo que refuerza la idea de que cada unidad opera como una empresa independiente con autonomía para definir sus costos y tarifas.
ADVERTENCIA SOBRE EL IMPACTO INSTITUCIONAL
Finalmente, el dirigente advirtió que declaraciones provenientes de instituciones públicas pueden generar efectos negativos en la economía, especialmente cuando transmiten señales contradictorias respecto a la política económica del país.
“Por un lado se promueve la inversión y la producción, y por otro se plantean medidas que interfieren en el mercado”, señaló.