Durante su intervención, Fretes calificó la situación actual de la institución como «bastante difícil» y aclaró que la normativa será un respaldo administrativo, pero no financiero, ya que la sostenibilidad real dependerá de la reorganización interna y las ingenierías financieras que ya están en análisis.
Detalló que el IPS recauda algo más de un billón de guaraníes mensuales, destinando el 44% al área de salud. De ese monto, G. 44.000 millones se presupuestan al mes para la compra de medicamentos, una cifra que resulta drásticamente insuficiente frente a la demanda real, estimada en G. 150.000 millones.
Para mitigar esta brecha, Fretes destacó que se están cerrando focos de fuga, corrupción y malgasto mediante cambios en el vademécum, lo que generará ahorros a corto plazo. Asimismo, equipos técnicos buscan alternativas para renegociar y reducir los pagos por compromisos financieros previos.
GARANTÍAS DE TRANSPARENCIA
La principal preocupación manifestada por el presidente radica en la amplitud de facultades que otorgaría la ley de emergencia. «Una ley que dé este tipo de amplitud puede representar un peligro si quien la administra no reúne las condiciones de transparencia necesarias», alertó.
Ante estas observaciones, la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado resolvió postergar temporalmente el dictamen del proyecto. De esta manera, equipos técnicos del IPS y de la Cámara Alta trabajarán en conjunto para adecuar el texto, fortalecer sus controles y garantizar una respuesta eficiente a las necesidades de la previsional.