Lejos de proponer una prohibición absoluta o una censura arbitraria, la legisladora plantea una reestructuración de la responsabilidad compartida entre el Estado, las empresas tecnológicas y la familia. Uno de los puntos más extensos de la argumentación de Valiente se centró en las consecuencias clínicas del uso desmedido de dispositivos. La senadora vinculó directamente la exposición temprana a algoritmos con el aumento de diagnósticos de hiperactividad, déficit atencional y depresión infantil.
Según explicó, los menores están consumiendo contenidos que «desconectan la realidad», sometiéndolos a estándares de belleza ficticios —mencionando incluso tendencias extremas en TikTok como la remoción de costillas— que derivan en trastornos de la conducta alimentaria y dismorfia corporal.
«El ser humano termina de desarrollar su lóbulo frontal, determinante para el pensamiento crítico, recién a los 25 años», señaló la senadora, justificando por qué un menor de 16 años carece de la madurez biológica para filtrar información que distorsiona su autopercepción y sus valores.
LA «LUDOPATÍA INFANTIL»: EL COSTO ECONÓMICO Y EMOCIONAL
Valiente denunció una problemática creciente: la adicción a los videojuegos y las micro transacciones. Relató cómo niños y adolescentes, sin noción del valor del dinero, presionan a sus padres o incluso utilizan tarjetas de crédito sin autorización para comprar «vidas» o «skins» (denominados pavos o tabos en la jerga gammer).
Esta actividad, que la legisladora equipara con las apuestas de adultos, está generando un perjuicio económico en los hogares paraguayos y fomentando conductas adictivas desde la infancia.
RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL: MÁS ALLÁ DEL ALGORITMO
El proyecto apunta directamente a las Big Tech y a las proveedoras locales de internet. Valiente sostiene que el actual control parental basado en algoritmos es «insuficiente» y a menudo fácil de evadir. La propuesta legislativa busca obligar a las plataformas (como Meta, TikTok o X) a desarrollar interfaces que permitan un monitoreo real y efectivo por parte de los tutores.
Mencionó como respaldo la reciente tendencia global de sancionar a gigantes tecnológicos —citando el caso de Meta en Estados Unidos— por no proteger a los menores de contenidos nocivos y de contactos peligrosos, como el acecho de pedófilos en chats de juegos en línea.
EL DEBATE CONSTITUCIONAL: ¿INTROMISIÓN O PROTECCIÓN?
Ante las duras críticas de sectores que califican la ley como un «Caballo de Troya» para criminalizar a los padres o vulnerar la intimidad familiar (Art. 33 de la Constitución), la senadora ofreció una respuesta jurídica:
El Deber del Cuidado: Recordó que el Código Penal ya sanciona a los padres que descuidan a sus hijos en el mundo físico. «Esto es exactamente lo mismo, pero trasladado al ámbito digital», afirmó.
Control Cruzado: Defendió que el Estado debe intervenir cuando el entorno familiar falla o es violento. Argumentó que un niño informado sobre sus derechos y límites corporales es un niño protegido. «Si algo se tiene que esconder en la intimidad, posiblemente no sea bueno», sentenció, subrayando que la transparencia en la crianza es clave para la seguridad del menor.
CONCLUSIÓN Y HOJA DE RUTA
La senadora Valiente concluyó reafirmando su compromiso con un proceso democrático, anunciando nuevas audiencias públicas para integrar las voces de psicólogos, informáticos y gremios de padres.
El objetivo final es crear un marco legal que no solo proteja la integridad física y mental de los niños ante amenazas como la ideología de género o la violencia digital, sino que también devuelva a los padres el poder de supervisión en un territorio que hoy parece gobernado exclusivamente por las empresas de tecnología.
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