Los colectiveros han calificado el proyecto como una amenaza directa a sus derechos y exigen la intervención urgente del presidente Santiago Peña, además de la destitución del viceministro de Transporte, Emiliano Fernández.
El núcleo del conflicto reside en el rechazo de los sindicatos a tres artículos del proyecto, al considerar que vulneran el derecho a huelga, ponen en riesgo la estabilidad laboral y siembran incertidumbre sobre la identidad de su futuro empleador, en caso de que una empresa se cierre.
Artículo 20 (Servicio imprescindible y huelga): Este punto, por ejemplo, ratifica al transporte metropolitano como servicio público imprescindible, habilitando sanciones en caso de interrupción. La versión final de Diputados suavizó la exigencia original del Senado, que pedía un funcionamiento mínimo del 70% en horas pico; ahora se exige un 60% de servicio mínimo durante cualquier horario de huelga. Los choferes lo ven como una limitación a su derecho constitucional a protestar.
Artículo 39 (Estabilidad laboral): El texto de Diputados obliga a los nuevos concesionarios a incorporar a la totalidad de los trabajadores del operador saliente. No obstante, los sindicatos objetan que solo se garantice la antigüedad y continuidad laboral a aquellos con al menos dos años de servicio, lo que, a su juicio, deja desprotegido a un sector importante de la plantilla.
Artículo 45 (Definición de Operación): Este define los componentes de operación del sistema (flota, infraestructura y servicios complementarios). Los sindicatos temen que la redacción fragmente las responsabilidades operativas, generando dudas sobre quién será su empleador directo y minando la claridad de las relaciones laborales.
LA “GRAN TRANSFORMACIÓN”
La reforma en debate no solo es un ajuste legal a la Ley N° 1590/2000; es un plan ambicioso a cuatro años que busca una modernización integral:
Concesiones a Largo Plazo: Se otorgarán permisos de operación de 7 a 20 años mediante licitación pública.
Renovación de Flota: El Estado se encargará de adquirir los buses (priorizando unidades de bajas o cero emisiones con máximo 15 años de antigüedad) y ponerlos a disposición de los operadores.
Integración y Reducción: El sistema se reorganizará de las actuales 36 líneas a unas 10 unidades funcionales u operadoras. Además, se implementará la integración tarifaria, permitiendo múltiples viajes con un solo pasaje.
El Senado tiene la última palabra sobre un proyecto que, si bien promete eficiencia y modernidad para los usuarios, ha encendido la mecha de un conflicto laboral que podría paralizar el servicio la próxima semana.
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