El documento fue enviado por el BCP en respuesta a un pedido de la Cámara de Senadores y entregado en un sobre cerrado, bajo expresa condición de reserva. El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, confirmó inicialmente que el sobre sería abierto recién durante la reunión de la Mesa Directiva, acompañado por asesores jurídicos, con el objetivo de establecer el procedimiento para su tratamiento.
La decisión generó cuestionamientos debido a que el contenido del informe comenzó a ser mencionado públicamente antes de que, según la versión oficial, el documento fuera abierto formalmente por las autoridades legislativas.
El propio Núñez explicó que la principal preocupación era evitar que información sensible pudiera generar interpretaciones equivocadas o afectar la confianza de los ahorristas.
“¿Qué queremos? ¿Queremos producir una estampida de ahorristas de diferentes bancos?”, cuestionó el titular del Congreso, quien incluso afirmó que asumiría personalmente la responsabilidad de custodiar el documento hasta definir su tratamiento institucional.
“Voy a dormir con el pedido de informe”, expresó en tono figurado.
¿POR QUÉ EL SECRETO BANCARIO ES CLAVE?
El punto central planteado por el BCP es que la información protegida por el secreto bancario no puede ser divulgada libremente. La entrega del informe al Senado no significa que los datos allí contenidos pasen automáticamente a ser de conocimiento público.
El acceso de un órgano constitucional a información reservada debe ajustarse a las condiciones y límites establecidos por la legislación. Por ello, la publicación, filtración o utilización indebida de datos alcanzados por el secreto bancario podría constituir una vulneración de la normativa vigente, dependiendo de la naturaleza de la información divulgada y de quién la haya revelado.
Esto adquiere particular relevancia porque ya circularon en medios de comunicación datos que fueron atribuidos al informe del BCP. El hecho abre una pregunta que las instituciones deberán esclarecer: ¿cómo pudo trascender información presuntamente protegida si el documento fue remitido en sobre cerrado y bajo deber de secreto?
La cuestión no se limita, por tanto, a determinar qué dice el informe sobre Ueno Bank u otras entidades. También deberá establecerse quién tuvo acceso a la información, bajo qué condiciones y si se produjo o no una violación del deber de reserva.
EL SENADO DEBERÁ DEFINIR CÓMO TRATARÁ EL INFORME
Núñez había anunciado inicialmente que el documento sería abierto el lunes durante la reunión de la Mesa Directiva, con presencia de asesores jurídicos, para establecer una hoja de ruta.
Posteriormente, ante los cuestionamientos, anunció que la reunión sería adelantada para este viernes.
El titular del Congreso sostuvo que el objetivo es garantizar que los senadores conozcan el contenido dentro del marco legal correspondiente y evitar que información financiera sensible sea utilizada de manera irresponsable.
La discusión coloca al Congreso ante un doble desafío: cumplir con su función de control sobre el sistema financiero y, al mismo tiempo, respetar estrictamente las normas que protegen la información sometida a secreto bancario.
Mientras tanto, las filtraciones atribuidas al contenido del documento agregan otro elemento al caso. Si efectivamente se trata de información alcanzada por el secreto bancario, su divulgación no puede ser considerada simplemente una filtración periodística: podría implicar la violación de una obligación legal de confidencialidad, cuya responsabilidad deberá determinarse conforme a derecho.
El caso, por tanto, ya no gira únicamente en torno a qué información recibió el Senado sobre Ueno Bank y otras entidades. También pone bajo la lupa la custodia de información bancaria sensible y el respeto a las garantías legales que protegen a los clientes y al sistema financiero.
CHASE APUNTA A LAS FILTRACIONES
En medio de esta discusión, el líder de la bancada de Honor Colorado, senador Natalicio Chase, pidió prudencia ante las publicaciones que ya han surgido sobre información vinculada al caso y remarcó que los propios legisladores tendrán responsabilidad sobre el contenido que reciban.
“Cuando repartamos el informe, cada senador va a ser responsable de que se filtre o no”, manifestó Chase. El legislador agregó un pedido dirigido a los medios de comunicación: que actúen con responsabilidad ante una eventual filtración y que no terminen siendo “cómplices” si algún legislador incurre en una conducta ilegal al divulgar información protegida.
La advertencia adquiere relevancia porque parte de la información relacionada con las operaciones de las entidades financieras ya fue publicada en medios de comunicación, aun antes de que el Senado analice formalmente el informe completo remitido por el BCP. Esto plantea interrogantes sobre el origen de esas filtraciones y sobre el cumplimiento del deber de reserva por parte de quienes tuvieron acceso a documentación sensible.
Chase, sin embargo, señaló que los senadores todavía no habían leído el informe completo y evitó adelantar conclusiones sobre la actuación del BCP. También ratificó su respaldo a la banca matriz y rechazó que exista una supuesta “guerra de bancos” detrás del pedido de informes.
El punto central ahora será determinar qué información puede ser conocida públicamente por tratarse de asuntos de interés para la fiscalización parlamentaria y qué datos deben permanecer bajo reserva por estar amparados por el secreto bancario.
La propia documentación remitida por el BCP establece que el acceso del Congreso a la información no elimina el deber de secreto, sino que traslada a los legisladores las responsabilidades correspondientes. Por ello, cualquier divulgación indebida deberá ser analizada conforme al marco legal aplicable y no simplemente como una cuestión política o de debate parlamentario.
Mientras el Senado prepara la apertura y análisis del documento, la discusión queda planteada en dos frentes: el contenido de las respuestas del BCP sobre las entidades financieras y el cumplimiento del deber de reserva por parte de quienes tienen acceso a ellas.