Desde el Poder Ejecutivo, la postura es técnica y contundente, y se adelantó que existe una convicción de que la inflación oficial (IPC) ha quedado corta para reflejar la pérdida real del poder de compra en la mesa de los paraguayos. El objetivo ahora es encontrar alternativas que permitan una recuperación genuina del consumo antes de la fecha límite del 30 de junio.
“El IPC no es el instrumento más adecuado para compensar la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los trabajadores”, sentenció Segovia, marcando el tono de lo que será una negociación compleja.
UNA MESA CON POSTURAS DISTANTES
El Consejo Nacional de Salario Mínimo (CONASAM) enfrenta el desafío de conciliar tres visiones que, de momento, parecen irreconciliables:
Centrales sindicales: Exigen un incremento drástico de entre el 20% y 25%. Algunos sectores van más allá, proponiendo un sueldo base de G. 7.500.000.
Sector empresarial: Se aferra a la «legalidad y racionalidad», abogando por mantener el ajuste estrictamente vinculado a la inflación para evitar desequilibrios en los costos operativos.
El Ejecutivo: Actúa como mediador con proyecciones propias, buscando un punto de equilibrio que inyecte liquidez al mercado sin disparar la inflación.
RELOJ EN CONTRA
El tiempo es el principal enemigo. Si el consenso entre gremios y sindicatos no prospera de forma inmediata, el Gobierno ya advirtió que tomará una posición unilateral. Esto implicaría la presentación de una propuesta legislativa propia para asegurar que el reajuste entre en vigencia en julio. La reunión de mañana será el primer pulso para medir si la paz social es posible o si el camino será el de la imposición técnica.