Los ministros del Interior, Enrique Riera, y de Justicia, Ángel Barchini, junto a representantes de la Fiscalía General del Estado, presentaron un proyecto de modificación a varios artículos de la Ley N° 5863/2017, que regula la implementación de dispositivos electrónicos de control. Esta ley fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 5 de octubre.
El ministro Riera indicó que son cuatro las instituciones públicas que colaborarán en la implementación de este sistema de control mediante tobilleras o pulseras electrónicas: la Fiscalía General del Estado, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, que, a través de la Policía Nacional, ejercerá su brazo armado.
Riera explicó que se ha solicitado al titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, un tratamiento prioritario para este proyecto. Teniendo en cuenta que, simultáneamente, se iniciará el proceso de licitación para la adquisición de los equipos o sistemas de control electrónico, el cual tendrá un plazo de 45 días. Este proceso se llevará a cabo mientras se estudia el presupuesto destinado a la adquisición de dichos equipos.
“Este proyecto de ley que trajimos y le entregamos al doctor Latorre, queremos que le imprima la mayor celeridad posible, lo pedimos respetuosamente dentro del marco de la autonomía de los Poderes del Estado, sencillamente porque hay un reclamo ciudadano y en simultáneo, en paralelo, vamos a convocar a la licitación, con un pliego aprobado y consensuado también por las cuatro instituciones”, señaló el ministro Riera.
El proyecto de ley propone diversas modificaciones, entre las que destaca la eliminación del artículo que establece que el Estado debe financiar el servicio en todos los casos. Entre las principales modificaciones se plantea que los procesados paguen por el servicio. También incluye que se pueda aplicar sin dictamen médico respaldatorio y a todos los hechos punibles, según anunció Riera. El secretario de Estado ejemplificó que en caso de que una persona procesada pueda costear su fianza impuesta por un juez, entre otras modificaciones.
“Esta ley va ampliar la imposición de este dispositivo para todos los hechos punibles. Hay algunos temas puntuales, por ejemplo, que limitaban la necesidad de obtener un dictamen médico antes de la aplicación, el otro tema que nos preocupaba es que la ley actual solo dice que tiene que ser con recursos del Estado y creemos que aquellos que pueden pagar su propio dispositivo como quien acepta una fianza, es una imposición judicial, naturalmente aquellos que no puedan pagar, el Estado debe responder”, refirió Riera.
Agregó que, busca reducir la población carcelaria, especialmente entre aquellos sin sentencia firme, y enfocarse en el control de reincidentes, considerando que el 80% de los delincuentes son reincidentes, según estadísticas de la Policía Nacional.
En cuanto a la implementación, el titular de la cartera del Interior indicó que el plan piloto apunta a una implementación inicial de 100 dispositivos electrónicos antes de finales de este año. Aunque el borrador de la licitación menciona hasta 3.000 dispositivos, se optará por un enfoque gradual y efectivo en esta primera fase.