En un precario hospedaje, clausurado anteriormente, las autoridades encontraron a al menos 40 niños y niñas indígenas acompañados por unos 20 adultos. El lugar se encontraba en condiciones insalubres, y los ocupantes debían pagar entre G. 10.000 y G. 20.000 por noche.
“Es un lugar insalubre, están hacinados y cuentan que pagan veinte mil guaraníes para quedarse a dormir en este lugar. El propietario es un argentino y la persona que administra, una mujer que tiene un negocio en la entrada del inquilinato. Ya están siendo investigados”, señaló la fiscal María Isabel Arnold.
De acuerdo con la investigación, los niños que estaban sin acompañamiento fueron trasladados a un hogar dependiente del Ministerio de la Niñez, mientras que los que estaban con sus padres se dirigieron a sus comunidades luego de un control médico.
Hasta el momento, las pesquisas apuntan al ciudadano argentino dueño del inmueble, aún no identificado, y a la mujer encargada de la administración. Además, se investiga la participación de un supuesto “líder indígena”, quien habría negociado con la administradora para la permanencia de las familias en el lugar.
La investigación buscará esclarecer responsabilidades y garantizar que los niños afectados reciban protección, contención y acceso a sus derechos básicos.