La iniciativa busca remover una de las principales barreras que enfrentan los productores rurales para formalizar la tenencia de sus tierras, acceder al crédito y mejorar sus condiciones de vida.
Ruiz Díaz detalló que actualmente, aunque el Estado complete todo el proceso técnico de relevamiento, censo y preparación de títulos, existe un último requisito que frena la entrega: el pago del 3% del valor total del inmueble.
Este monto puede representar cifras elevadas para las familias rurales. Por ejemplo, un productor con 20 hectáreas valuadas en unos 500 millones de guaraníes debe pagar alrededor de 15 millones para acceder a su título.
“¿De dónde va a sacar ese dinero si no tiene acceso a crédito?”, cuestionó el titular del INDERT, al describir la situación de miles de campesinos que quedan atrapados en un círculo de informalidad.
SIN TÍTULO, NO HAY CRÉDITO NI DESARROLLO
El presidente del INDERT subrayó que la falta de título de propiedad impide a los productores acceder a financiamiento, lo que limita sus posibilidades de inversión y crecimiento.
Sin ese documento, los agricultores no pueden recurrir a instituciones como el Crédito Agrícola de Habilitación o el Banco Nacional de Fomento para financiar mejoras en sus fincas, como sistemas de riego, maquinaria o infraestructura productiva.
Como consecuencia, muchas familias quedan relegadas a una economía de subsistencia, dependiente de condiciones climáticas y sin capacidad de generar excedentes.
CAMBIO DE ENFOQUE: PRIMERO EL TÍTULO, LUEGO EL PAGO
El proyecto de ley propone invertir la lógica actual: entregar primero el título de propiedad y permitir que el productor pague posteriormente, en cuotas.
Según explicó Ruiz Díaz, esta medida permitiría otorgar inclusión financiera inmediata a las familias campesinas, brindándoles un activo que les facilite acceder a crédito y generar ingresos.
“La idea es darle primero la herramienta para producir riqueza, y luego exigir el cumplimiento de sus obligaciones”, afirmó.
IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
La iniciativa no solo apunta a mejorar las condiciones de vida de las familias rurales, sino también a dinamizar la economía nacional.
Con acceso al crédito y mayor capacidad productiva, los agricultores podrían incrementar su rendimiento, integrarse a cadenas de valor e incluso convertirse en proveedores de programas estatales como la alimentación escolar.
Esto, según Ruiz Díaz, generaría un efecto multiplicador en la economía, fortaleciendo tanto el sector agrícola como el desarrollo del país.
ALCANCE: HASTA 300.000 FAMILIAS BENEFICIADAS
De acuerdo con estimaciones del INDERT, el proyecto podría beneficiar a al menos 300.000 familias campesinas, aunque el número podría ser incluso mayor.
El titular de la institución explicó que los registros oficiales contemplan unas 160.000 familias, pero esa cifra no refleja el crecimiento demográfico y la fragmentación de tierras en las últimas décadas. “En la práctica, esa población se ha multiplicado, incluso por dos o tres en algunos casos”, indicó.
Apoyo político y tratamiento urgente
El proyecto cuenta con respaldo del Poder Ejecutivo y, según Ruiz Díaz, también con el compromiso de las principales autoridades del Congreso para su tratamiento prioritario.
Entre ellos, el presidente del Senado, Basilio Núñez, y el titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quienes habrían manifestado su intención de impulsar su aprobación en el corto plazo.
DESAFÍOS: CAPACIDAD OPERATIVA PARA TITULAR TIERRAS
Más allá de la eliminación del cobro, el INDERT reconoce que uno de los principales desafíos será aumentar su capacidad operativa.
Actualmente, la institución cuenta con ocho equipos técnicos para la titulación masiva, pero se estima que serían necesarios al menos 40 para lograr un impacto significativo a nivel nacional.
A pesar de ello, Ruiz Díaz destacó que la actual administración ya logró triplicar la producción de títulos respecto a periodos anteriores, alcanzando unas 12.000 titulaciones con menor presupuesto.
HACIA UNA TRANSFORMACIÓN DEL CAMPO PARAGUAYO
El proyecto forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Gobierno del presidente Santiago Peña, orientada a fortalecer el desarrollo rural y reducir las desigualdades en el acceso a la tierra.
Para el titular del INDERT, la eliminación de esta barrera representa “una verdadera transformación”, que podría cambiar la realidad de miles de familias campesinas y sentar las bases para un crecimiento más inclusivo.