Acompañado por los contertulios Joel Pintos, Benjamín Morínigo, Abel Villalba y Gabriel Coronel, todos identificados con la filosofía libertaria, el moderador del espacio, Dr. Víctor Pavón, argumentó que la regulación estatal en materia salarial representa una traba tanto económica como moral. “La ley actual impide que dos personas —un empleador que apenas inicia un negocio y un trabajador que necesita el ingreso— puedan acordar libremente un salario por debajo del mínimo legal, aunque ambas partes estén de acuerdo”, sostuvo durante el programa.
Para ilustrar su punto, se presentó un caso hipotético: una microempresa que solo puede pagar 2.600.000 guaraníes y un joven dispuesto a trabajar por esa suma, por necesidad personal y familiar. Bajo la legislación actual, ese acuerdo sería ilegal, ya que el salario mínimo vigente es de 2.800.000 guaraníes. “¿Por qué el Estado tiene que prohibir eso? Esto es una violación de la libertad individual”, cuestionaron.
Los participantes señalaron que esta rigidez perjudica especialmente a países emergentes como Paraguay, donde, según argumentaron, solo dos de cada diez trabajadores se benefician realmente del salario mínimo, mientras que los otros ocho quedan excluidos del mercado formal por no poder acceder a empleos bajo las condiciones legales.
Además del cuestionamiento normativo, el grupo libertario apuntó a un problema estructural: la baja inversión de capital en el país. “En Estados Unidos, por ejemplo, los trabajadores ganan más no porque haya un salario mínimo más alto, sino porque la inversión per cápita en capital es mucho mayor, lo que incrementa la productividad y, por ende, los ingresos”, explicaron, citando a Murray Rothbard, economista libertario estadounidense.
Desde esta visión, el camino hacia mejores salarios no pasa por la intervención estatal, sino por crear condiciones para atraer inversiones y permitir que el mercado determine las remuneraciones conforme a la productividad de cada trabajador.
La propuesta, sin duda, reabre el debate sobre el rol del Estado en el ámbito laboral y plantea interrogantes de fondo: ¿Debe primar la libertad de contratar por sobre las garantías mínimas de ingreso? ¿Está el Paraguay preparado para liberalizar completamente su mercado de trabajo? La polémica está servida.