El proyecto presentado establece que los fondos provenientes de los gastos sociales serán asignados con exclusividad al financiamiento de programas y proyectos relacionados a las áreas de salud y educación.
Igualmente se dispone que la distribución de estos recursos se materializará por medio de convenios que serán celebradas entre las entidades aportantes y las instituciones involucradas.
El presente documento está fundamentado en el Art. 176 de la Constitución Nacional que hace referencia sobre la “política económica y promoción del desarrollo económico, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, con el objeto de impulsar un crecimiento ordenado y sostenido de la economía y así consolidar el bienestar de la población”.
Según los proyectistas que presentaron este proyecto, la intención es ejercer un control sobre los gastos sociales que hasta el momento se distribuyen con un criterio de absoluta discrecionalidad, sin contar con presupuestos medibles que permitan cuantificarlos y, por ende ejercer, de cierta forma, un control eficiente sobre las binacionales.