La Cámara de Diputados analiza un proyecto de ley que busca revolucionar el control fronterizo en la zona de la Triple Frontera mediante la implementación de tecnología de última generación y una mayor coordinación entre las instituciones del Estado.
La iniciativa, impulsada por los diputados Rocío Abed, Bettina Aguilera, Néstor Castellano, Carlos Godoy y Miguel del Puerto, propone la creación del Sistema Nacional Inteligente de Control Fronterizo (SNICF), una herramienta diseñada para fortalecer la seguridad, optimizar los controles migratorios y aduaneros, y enfrentar con mayor eficacia al crimen organizado transnacional.
Los legisladores sostienen que el intenso movimiento de personas, vehículos y mercaderías en la región exige respuestas más modernas frente a delitos como el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas, el tráfico de armas, la falsificación de documentos y la migración irregular.
El proyecto contempla la incorporación de sistemas biométricos, cámaras inteligentes, lectores automáticos de chapas, drones, sensores especializados y plataformas interoperables apoyadas por inteligencia artificial para la detección de riesgos y la generación de alertas tempranas.
La propuesta establece al Ministerio del Interior como autoridad de aplicación y prevé la conformación de un Consejo Nacional Inteligente de Control Fronterizo, integrado por organismos vinculados a seguridad, migraciones, aduanas, defensa y combate al narcotráfico.
Asimismo, se plantea la creación de un Centro Integrado de Monitoreo Fronterizo que centralice el análisis de información y coordine las acciones de vigilancia sin reemplazar las funciones propias de cada institución.
Los proyectistas destacan que el sistema incluirá estrictas garantías para la protección de datos personales y los derechos humanos. La normativa prohíbe expresamente el uso de la información recopilada con fines políticos, comerciales o discriminatorios, además de establecer mecanismos de auditoría y sanciones para eventuales irregularidades.
La iniciativa también contempla la cooperación con Argentina y Brasil dentro del marco de los acuerdos internacionales vigentes, así como programas de capacitación, evaluaciones periódicas e informes de gestión que deberán ser remitidos al Congreso Nacional.