Los productores frutihortícolas del país intensificaron su postura contra la importación de tomates, asegurando que la producción nacional garantiza cantidad y calidad suficiente para el consumo interno. En un comunicado difundido el 20 de agosto, el gremio frutihortícola informó que el precio en finca del tomate oscila entre G. 8.000 y G. 9.000 por kilo, lo que permite cubrir costos, generar una mínima ganancia para el agricultor y mantener precios accesibles en el mercado.
“El sector fortalece la soberanía y seguridad alimentaria del país, genera empleo, dinamiza la economía y reduce la dependencia de importaciones”, señalaron los productores, quienes además ratificaron su compromiso de trabajar junto a autoridades y comerciantes para garantizar alimentos de calidad en la mesa de las familias paraguayas.
En paralelo, la Unión Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (U.N.P.FH.PY) declaró “persona no grata” al comerciante Pedro Villarreal, acusándolo de ejercer presión sobre autoridades y medios de comunicación para facilitar el ingreso de tomates importados. “Reprochamos el actuar de un grupo de comerciantes que hacen lobby y nunca compraron ni siquiera un fruto de la producción nacional, beneficiándose a costas del sufrido productor paraguayo”, expresó Silvio Riveros, presidente del gremio.
En entrevista radial, Óscar Guzmán, productor de la colonia Blas Garay, insistió en que no existe escasez de tomate en el país y que habilitar importaciones afectaría directamente a los agricultores locales. “El precio en finca es justo y permite al productor sostenerse. Abrir la importación no solo es innecesario, sino que también incentiva el contrabando”, advirtió.
Los productores anunciaron además reuniones con autoridades del Congreso, la Comisión Anticontrabando, el Ministerio de Agricultura y la Policía Nacional, para reforzar los controles y evitar la entrada de productos de contrabando.
El sector frutihortícola sostiene que la defensa de la producción local es clave para preservar la estabilidad del mercado interno y garantizar precios equilibrados tanto para los consumidores como para quienes trabajan en el campo.