La iniciativa pretende convertir en un derecho permanente un beneficio que actualmente depende de su inclusión anual en el Presupuesto General de la Nación, situación que, según los proyectistas, genera incertidumbre entre los pobladores sobre su continuidad.
En la exposición de motivos, los legisladores sostienen que la ubicación del puesto de peaje divide físicamente al distrito y obliga a miles de habitantes a pagar para desplazarse dentro de su propio municipio, ya sea para acceder al casco urbano, centros educativos, hospitales, instituciones públicas, comercios o lugares de trabajo.
Asimismo, señalan que esta realidad representa una carga económica que no enfrentan los habitantes de otros distritos del país, ya que deben abonar un peaje para realizar desplazamientos internos. Aseguran que esta condición incrementa los costos de actividades esenciales y repercute negativamente en la dinámica comercial y productiva de la comunidad.
Los parlamentarios advierten que los sectores más afectados son los productores agrícolas, artesanos, emprendedores y pequeñas industrias, cuyos costos operativos aumentan debido a la necesidad de atravesar el puesto de peaje para transportar mercaderías o abastecerse de insumos. También afirman que esta situación desalienta nuevas inversiones y dificulta la generación de empleo, especialmente en compañías asentadas en zonas como Pedrozo y Jhuguá Jhú.
El proyecto también argumenta que el cobro del peaje dentro del distrito constituye una limitación al derecho de libre circulación garantizado por la Constitución Nacional.
La propuesta establece que podrán acceder a la exoneración los propietarios de vehículos con domicilio real y permanente en Ypacaraí, quienes deberán inscribirse en un registro administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en coordinación con la Municipalidad de Ypacaraí, mediante un sistema informatizado de verificación y control.
El beneficio alcanzará a vehículos de uso particular, laboral o mixto pertenecientes a personas físicas residentes en el distrito, mientras que quedarán excluidas las empresas cuya base operativa efectiva no se encuentre en la localidad. Además, el proyecto contempla sanciones para quienes obtengan la exoneración mediante información falsa o maniobras fraudulentas y encomienda al Poder Ejecutivo la reglamentación de la eventual ley.
La propuesta fue remitida para su análisis a las comisiones asesoras de Asuntos Económicos y Financieros; Legislación y Codificación; Obras, Servicios Públicos y Comunicaciones; Asuntos Municipales y Departamentales; Presupuesto; y Cuentas y Control de Ejecución Presupuestaria.