El primer punto abordado por José Luis López Bozo es la situación del Parque Médanos del Chaco, cuya creación ha afectado a cuatro empresas con intereses en la zona: Primo Cano, Petropar, Zeus y Riviera. Dijo que la declaración de esta área como parque natural ha generado incertidumbre entre los potenciales inversionistas, que temen que futuras decisiones gubernamentales puedan anular proyectos tras eventuales hallazgos de gas o petróleo.
En este sentido, propuso la flexibilización de los artículos 4 y 6 de la normativa que regula el parque, con el objetivo de permitir la continuidad de las actividades exploratorias, pero bajo estrictas medidas de control ambiental. “Las empresas petroleras en otros países también operan dentro de parques, siempre y cuando respeten medidas que garanticen la protección de la flora, fauna y a las comunidades indígenas”, argumentó.
Destacó, además, que justamente en el área del parque se ha reportado una manifestación de gas, lo que refuerza la necesidad de reabrir el debate regulatorio, involucrando al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y otras entidades pertinentes para garantizar una fiscalización rigurosa.
“RONDAS ABIERTAS” DE PETROPAR NO SON EFECTIVAS
El segundo punto (obstáculo) es la falta de efectividad de Petropar en su política de “Ronda Abierta”, vigente desde 2021 y con antecedentes desde 2017, sin lograr atraer a ningún inversionista hasta la fecha. Añadió que las críticas se centraron en la escasa calidad y disponibilidad de información técnica, lo que desincentiva el interés del sector privado.
En ese sentido, planteó una “revisión profunda” de la estrategia de Petropar, sugiriendo que se facilite el acceso a los datos mediante la firma de acuerdos de confidencialidad, permitiendo que las empresas interesadas procesen la información y presenten propuestas concretas. “Además, recomendó revisar el Decreto Nº 3720/2020, que otorga automáticamente a Petropar los bloques de exploración que pierden otras operadoras, una práctica que, según indicó López, debería modificarse.
También propuso replicar modelos exitosos de contratos utilizados en países vecinos (Argentina, Brasil o Colombia) e implementar alianzas público-privadas como mecanismo para reactivar el sector.
REVISIÓN DE LAS ÁREAS DE EXPLORACIÓN OTORGADAS
En ese mismo contexto, se centró en las áreas de exploración que ya han sido concedidas. Señaló que muchas de estas zonas presentan plazos vencidos y escasa o nula actividad. Recomendó que el Viceministerio de Minas y Energía, a través del Departamento de Hidrocarburos, solicite informes actualizados de actividades y planes de trabajo a las empresas adjudicatarias.
Según el especialista, aquellas compañías que no tengan intención de continuar con las tareas exploratorias deberían presentar una nota de excusa, liberando así las áreas para que puedan ser reasignadas a nuevos interesados.
También propuso reducir el tamaño de las áreas otorgadas y establecer mecanismos de penalización por inactividad, lo que permitiría redistribuir de manera más eficiente los bloques entre empresas que demuestren compromiso y capacidad de inversión.
Subrayó, finalmente, que las propuestas apuntan a dinamizar el sector energético nacional, atrayendo capitales y tecnología, sin descuidar el cuidado ambiental ni la transparencia en los procesos.