Galeano precisó que la iniciativa busca adecuar un instrumento normativo instituido hace 34 años, cuya última firma y renovación formal se concretó hace 16 años. Explicó que durante más de un año se mantuvieron mesas de trabajo con el intendente y los directores municipales para ajustar el documento a la legislación laboral vigente (Ley N.º 7445) y a la realidad económica actual, rechazando de manera enfática las críticas vertidas por sectores políticos y candidaturas locales.
Entre los puntos centrales del reclamo, la dirigencia sindical enfatizó el ajuste en el subsidio para la salud. Actualmente, los trabajadores perciben un monto de G. 275.000, el cual solicitan elevar a G. 400.000. Galeano aclaró que, a diferencia del personal jornalero que cuenta con cobertura del Instituto de Previsión Social (IPS), los funcionarios nombrados carecen de seguro médico institucional y deben costear sus atenciones en el sector privado, donde los planes básicos familiares superan los G. 500.000.
SITUACIÓN FINANCIERA Y GESTIÓN MUNICIPAL
En relación con el cumplimiento de las obligaciones patronales, la representante sindical destacó la gestión del actual intendente, Luis Bello. Galeano afirmó que la presente administración saldó en su totalidad las deudas pendientes con la Caja Municipal que se habían acumulado durante la gestión del exintendente Óscar «Nenecho» Rodríguez, manteniendo además el pago puntual de los haberes salariales de los trabajadores.
DENUNCIAS POR DESFALCO E INACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
Respecto a la crisis institucional que atraviesa la Caja de Jubilaciones, Galeano denunció un histórico esquema de impunidad que impide la jubilación de más de 1.000 funcionarios en edad de retiro.
Según indicó, informes preliminares de la Contraloría General de la República detectaron inicialmente un desfalco de G. 35.000 millones en 2018, cifra que en auditorías posteriores escaló a más de G. 299.000 millones, sumado a la posterior quema de archivos e incendios registrados para ocultar evidencias sobre la supuesta falsificación de aportes por más de G. 18.000 millones.
La gremialista cuestionó la inacción del Ministerio Público —mencionando que las investigaciones han quedado postergadas en distintas unidades fiscales— y criticó la postura de la Superintendencia de Jubilaciones por no intervenir la entidad.
Finalmente, sostuvo que Venancio Díaz se mantiene al frente de la Caja de forma ilegítima desde el año 2019, aduciendo que el proceso electoral en el que participó fue anulado en su totalidad por la Justicia Electoral.