La situación, lejos de ser excepcional, se ha vuelto persistente y evidencia una grave falencia del Estado paraguayo, que no logra —o no prioriza— la protección efectiva de quienes cumplen un rol esencial para la vida institucional. Por ejemplo, Fabián Costa, director de Comunicaciones de la Municipalidad de Lambaré, recibió amenazas y hasta impactos de bala en su casa.
Las amenazas, que van desde intimidaciones directas hasta presiones laborales, hostigamientos velados, y hasta disparos con arma de fuego, no solo afectan la integridad física y emocional de los periodistas, sino que condicionan el ejercicio mismo de la profesión. Investigar, publicar y opinar se convierten en actos de riesgo, cuando deberían ser derechos plenamente garantizados por el Estado.
Si bien en algunos casos se ha dispuesto custodia policial, la protección resulta insuficiente y precaria. El acompañamiento no viene acompañado de los recursos económicos necesarios para sostenerlo en el tiempo, según opinaron los participantes del programa.
En ciertos escenarios, hay agentes asignados las 24 horas, aunque no de manera generalizada, y sin una estructura que contemple las condiciones humanas y logísticas del propio personal policial, que también enfrenta limitaciones básicas.
Esta situación expone una contradicción de fondo: el Estado reconoce la existencia del riesgo, pero no garantiza una política integral de protección. La seguridad queda, en muchos casos, librada a esfuerzos individuales o a soluciones improvisadas, con costos que los propios periodistas no pueden ni deberían asumir, según concidieron.
A esta omisión se suma otro factor clave: un proyecto de ley de protección a periodistas y trabajadores de prensa que permanece estancado en el Congreso Nacional. La iniciativa, impulsada justamente para crear un marco legal que brinde garantías reales frente a amenazas y represalias, no logra avanzar en el Parlamento, reflejando posiblemente una falta de voluntad política para atender una problemática urgente.
Mientras el proyecto duerme en comisiones y el debate legislativo se dilata, los periodistas siguen trabajando bajo presión, miedo e incertidumbre. La demora legislativa no es neutra: tiene consecuencias concretas sobre la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En una democracia, el periodismo no es un actor accesorio, sino un pilar fundamental del control ciudadano y la transparencia pública. Cuando quienes informan con responsabilidad lo hacen bajo amenaza y sin protección efectiva, no solo se vulneran derechos individuales, sino que se debilita la calidad democrática del país.
Hoy, la realidad de estos 30 periodistas pone en evidencia una deuda pendiente del Estado paraguayo: garantizar que informar no sea un acto de valentía, sino un derecho protegido por ley y respaldado por políticas públicas concretas. Mientras eso no ocurra, la democracia seguirá siendo un discurso incompleto.
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