La firma de la normativa, considerada estratégica para el clima de inversiones y la actividad económica, tuvo lugar en la sede del Poder Judicial y estuvo acompañada de un diálogo directo entre el mandatario y los ministros de la Corte Suprema.
Durante el encuentro, las autoridades también abordaron la implementación inminente del Registro Unificado Nacional (RUN), que comenzará a regir y aplicarse de manera obligatoria a partir del 15 de enero de 2026. La legislación es fruto de un proyecto conjunto entre los poderes Ejecutivo y Judicial, según los datos oficiales.
La nueva ley de arbitraje actualiza el marco legal paraguayo y lo alinea con estándares internacionales, ofreciendo reglas claras y previsibles para la resolución de controversias patrimoniales y transigibles, tanto a nivel nacional como internacional. El objetivo central es dotar al país de mecanismos más ágiles, eficientes y confiables, sin sustituir al Poder Judicial, sino complementándolo.
Desde el Gobierno se destacó que la normativa es fruto de más de dos años de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el sector privado, lo que refuerza su legitimidad y su alcance institucional. El arbitraje se consolida así como una herramienta clave para descomprimir la carga judicial y brindar soluciones más rápidas a los conflictos.
Uno de los puntos más relevantes de la ley es que habilita al Estado —incluyendo entes públicos, municipalidades, sociedades con participación estatal y entidades binacionales— a recurrir al arbitraje en sus contratos con particulares, siempre que no se trate de materias regidas exclusivamente por el derecho público. En estos casos, el arbitraje deberá ser de derecho y respetar el principio de publicidad, garantizando transparencia en el uso de recursos públicos.
En cuanto al rol del Poder Judicial, la normativa delimita claramente su intervención, restringiéndola a situaciones específicas como medidas cautelares, ejecución de laudos o eventuales anulaciones, reforzando así la autonomía de los tribunales arbitrales.
Con la promulgación de esta ley y el avance hacia la implementación del Registro Unificado Nacional, el Gobierno busca consolidar un ecosistema jurídico moderno y confiable, en sintonía con el reciente reconocimiento del Paraguay con el grado de inversión y con las exigencias de un entorno económico cada vez más competitivo.