Ante consultas de la prensa, el mandatario explicó que la destitución de Prieto se enmarca en un procedimiento legal previsto en la Constitución Nacional, y recordó antecedentes de situaciones similares: “En 2018 la oposición promovió la destitución de una intendenta electa y en ese momento no alegaron persecución, decían que se había hecho justicia. Este es un mecanismo reglado, establecido por la Constitución”.
Peña destacó que el proceso de remoción de Prieto cumplió con todas las etapas formales, incluyendo investigaciones, presentación de denuncias y la entrega de informes que permitieron a la Cámara de Diputados tomar la decisión de destituir al exjefe comunal. Asimismo, subrayó que algunos de los hallazgos administrativos ya fueron remitidos al Ministerio Público.
En relación con las críticas de la oposición sobre supuesta intención de silenciar voces críticas, el presidente aseguró que no existe restricción alguna a la libertad de expresión. “Tienen derecho a expresar todo lo que quieran”, afirmó, aclarando que la decisión de la Cámara se basó estrictamente en los informes y evidencias presentadas.
Sobre la situación de Óscar Rodríguez, intendente de Asunción, Peña señaló que cualquier decisión dependerá del debate parlamentario y negó que el oficialismo haya instruido algún tipo de protección política. “Se trata de un tema que se resolverá en Diputados, no hay directrices de Honor Colorado”, enfatizó.