El Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE) se reunió por convocatoria del presidente de la República, Santiago Peña, para evaluar la ejecución del programa “Hambre Cero en las Escuelas” y aprobar la proyección presupuestaria para el año 2026, donde autoridades brindaron detalles clave sobre el alcance y futuro del programa.
El presupuesto aprobado asciende a USD 375.292.358, monto que será distribuido a los administradores de contrato para la formulación de sus anteproyectos de presupuesto. La cifra se mantiene igual al ejercicio 2025, aunque se contempla la posibilidad de ajustes mediante trámites administrativos, según explicaron voceros del Ejecutivo.
Durante la presentación, también se informó que la cobertura del programa ha alcanzado a 1.040.000 alumnos en todo el país, superando la proyección inicial de 980 mil. Este crecimiento se atribuye al aumento de matrícula en instituciones públicas y la reincorporación de estudiantes que habían abandonado el sistema.
En cuanto a los desafíos administrativos, se hizo hincapié en la necesidad de agilizar el uso del Sistema Integrado de Alimentación Escolar, herramienta clave para la trazabilidad, transparencia y ejecución eficiente del programa. Uno de los principales cuellos de botella es el cierre de actas de recepción por parte de directores y directoras de instituciones, paso necesario para el pago a proveedores.
“Estamos analizando alternativas para que más de una persona pueda firmar y validar los cierres de actas en cada institución, a fin de destrabar el proceso”, explicó Tadeo Rojas, Ministro de Desarrollo Social. También aclararon que los retrasos en pagos muchas veces obedecen a fallas de las propias empresas proveedoras, como demoras en cargar facturas o cumplir obligaciones fiscales.
Además, se ratificó el impacto positivo del programa en la economía rural, especialmente en el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina, cuyas compras son registradas y exigidas mensualmente a las empresas como requisito para cobrar.
El presidente del Consejo de Gobernadores calificó el programa como “uno de los planes sociales más importantes del país” y aseguró que su implementación en los 17 departamentos sigue desarrollándose con normalidad, gracias al compromiso de las gobernaciones como administradoras de contrato.
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