El ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez, calificó esta acción como un «combate frontal» contra uno de los crímenes más atroces que afectan a la sociedad paraguaya. La reglamentación no es solo un trámite administrativo, sino la activación de un engranaje estatal que busca pasar de la reacción tardía a la prevención estratégica y la restitución de derechos.
A diferencia de intentos anteriores, este programa establece una hoja de ruta clara que involucra a múltiples ministerios:
Educación y Salud: Cruciales para la detección temprana y la asistencia psicológica inmediata.
Justicia y Protección Social: Para garantizar que los procesos judiciales no revictimicen a los menores y que las familias reciban el soporte necesario.
El objetivo central es que, una vez detectado un caso, el Estado no se limite a la persecución penal del agresor, sino que garantice la reparación del daño y la recuperación del proyecto de vida de la víctima.
Despliegue territorial y el rol de las CODENI
Uno de los puntos más destacados por el ministro Gutiérrez es la «bajada territorial». El programa no se quedará en las oficinas de Asunción, sino que operará a través de:
Gobernaciones y Secretarías Departamentales. CODENI (Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente). Escuelas públicas y privadas: Identificadas como el primer frente de batalla para detectar señales de alerta.
«TODOS SOMOS RESPONSABLES»: UNA CAMPAÑA DE 365 DÍAS
La reglamentación coincide con el relanzamiento de la campaña de concienciación que este año utiliza un mensaje contundente: “Escuchále, creéle. Los monstruos existen. El silencio te hace cómplice del abusador”.
Desde el MINNA resaltaron que la lucha contra el abuso ya no será una actividad de fechas conmemorativas, sino una política permanente. El compromiso estatal se traducirá en talleres, foros y capacitaciones constantes para que la sociedad civil y las familias aprendan a romper el ciclo de silencio que históricamente ha protegido a los victimarios.
Con el Decreto 5970, Paraguay busca cerrar la brecha de impunidad y vulnerabilidad, estableciendo que la protección de la niñez es, por fin, una prioridad de Estado.