La declaración fue realizada en el marco del análisis de los proyectos de resolución L.24/Rev.1 y L.25/Rev.2, sobre los cuales Paraguay expresó su postura crítica por contener elementos de alta sensibilidad que aún generan debate dentro de los Estados miembros y en sus respectivas sociedades. “Cualquier definición sobre derechos sexuales y reproductivos, autonomía corporal o educación sexual no puede desvincularse del marco jurídico interno ni de las realidades particulares de cada país”, remarcó la ministra Ana Rolón.
Rolón subrayó que la lucha contra la violencia hacia las mujeres y niñas, así como su empoderamiento, constituyen prioridades centrales para el Paraguay. En ese sentido, destacó avances en materia de legislación, políticas públicas e institucionalidad orientadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y erradicar la discriminación, conforme a los principios establecidos por la Constitución Nacional.
Asimismo, recalcó que la educación sexual debe implementarse mediante una participación equilibrada entre el Estado, la sociedad y las familias, respetando las capacidades evolutivas de niños y niñas y reconociendo el rol fundamental de los padres.
La ministra aclaró que Paraguay no ha copatrocinado las resoluciones mencionadas, lo que no implica una regresión en su compromiso con la promoción de los derechos de las mujeres y niñas, sino una afirmación del respeto a su marco constitucional y a sus prioridades de desarrollo.