Durante el programa Siglo a Siglo, emitido este domingo por RCCTV, Pedro Halley Merlo (Presidente, y ex gerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social-IPS) y Elvio Brun (vicepresidente) coincidieron en que la reforma era necesaria desde hace al menos 10 a 15 años, pero lamentaron que el Gobierno haya limitado su actual propuesta a ajustes paramétricos, como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de sustitución, sin modificar el diseño financiero ni la gobernanza del sistema.
Halley afirmó que el presidente Santiago Peña ha asumido un «costo político» importante en esta oportunidad, al presentar la reforma en un contexto político y social sensible, marcado por la reacción de gremios docentes, policías y militares. Sin embargo, sostuvo que el proyecto quedó corto frente a la real magnitud del problema. “Esta era la oportunidad de hacer una reforma profunda. Si ya se jugó fuerte políticamente, debió hacerlo bien. Lo que se plantea ahora es solo un retoque estético, un maquillaje”, expresó.
Advirtió que, tal como está redactada, la ley volverá a ser modificada en el próximo período de gobierno. “Después del 2028 vamos a tener (posiblemente) otra ley y otro parche. Eso es lo que viene ocurriendo desde hace 15 o 20 años”, señaló.
FALTA DE AUTONOMÍA Y MALA GOBERNANZA
Uno de los puntos centrales de la crítica fue la estructura administrativa de la Caja Fiscal, dado que carece de autonomía real y no se ajusta a lo que establece la Constitución Nacional, que dispone que debe ser administrada por los aportantes. “Hoy la Caja Fiscal no es una Caja, sino una dirección administrativa del Viceministerio. No tiene directorio, no tiene consejo, no tiene gobernanza. Está a cargo de un funcionario administrativo que va rotando”, cuestionó Halley.
A su criterio, una reforma estructural debía comenzar por dotar al sistema de autonomía institucional, con órganos de control y representación de los aportantes y beneficiarios.
UN MODELO FINANCIERO AGOTADO
Los representantes de la UNJP coincidieron en que el problema de fondo es el modelo de capitalización colectiva aplicado a un universo cerrado, como es el caso de la Caja Fiscal, que agrupa exclusivamente a funcionarios públicos.
Convinieron que existen dos grandes tipos de sistemas previsionales: los cerrados y los abiertos. Los primeros —como la Caja Fiscal, la caja parlamentaria o la de Itaipú— tienen un límite natural, porque no incorporan nuevos cotizantes en proporción suficiente, mientras los jubilados siguen aumentando y viven más años. “En los sistemas cerrados, los jubilados siguen saliendo y viven más. La ecuación entre activos y pasivos se va deteriorando cada vez más”, afirmó Halley.
En contraste, mencionó que los sistemas abiertos, como el IPS, tienen mayor proyección a largo plazo porque pueden incorporar nuevos trabajadores, incluidos independientes y profesionales, aunque reconoció que la evasión sigue siendo alta. Sin embargo, no mencionaron que el citado es un ente monopólico absoluto, y todos los trabajadores y empleadores privados están obligados a aportar solo allí.
DOCENTES Y CONFLICTO SOCIAL
Durante el programa se advirtió que la reforma, tal como está planteada, genera un alto nivel de conflictividad social, especialmente con el sector docente, que amenaza con no iniciar las clases. Recordaron que en el régimen docente no existe edad mínima de jubilación, sino solo antigüedad, lo que permite jubilaciones a edades muy tempranas. “Se jubilan más y entran menos. Eso agrava el desequilibrio financiero”, señalaron.
Halley sostuvo que el Gobierno debió prever este escenario al momento de presentar el proyecto y alertó que la crisis educativa podría afectar a más de un millón y medio de estudiantes.
MÚLTIPLES REGÍMENES Y PRIVILEGIOS
Otro aspecto criticado fue la existencia de al menos 18 regímenes jubilatorios distintos dentro de la Caja Fiscal, cada uno con parámetros diferentes.
Según indicaron, esta fragmentación es consecuencia de leyes impulsadas a lo largo de los años por distintos sectores con respaldo político, sin estudios actuariales de largo plazo. “Cada sector armó su propio sistema jubilatorio sin pensar en el futuro. Jubilaciones a los 40 años, sin respaldo financiero. Eso es un desastre”, afirmó Halley.
Señalaron además que el único programa superavitario, el de la administración pública central, no es tocado por la reforma, pese a ser el de mayor peso político y electoral, mientras se ajusta a otros sectores.
DÉFICIT CUBIERTO CON IMPUESTOS
Los dirigentes explicaron que actualmente el déficit de la Caja Fiscal se cubre con recursos del Tesoro, provenientes de impuestos como el IVA y el IRP. Estimaron que el Estado destina alrededor de USD 380 millones anuales para sostener el sistema, que deberían ser destinados a salud, educación, infraestructura, etc.
Con la reforma, ese monto apenas se reduciría, lo que demuestra —según la UNJP— que el proyecto no resuelve el problema de fondo. “No es correcto que los impuestos de toda la ciudadanía se utilicen para cubrir jubilaciones deficitarias”, remarcaron.
SIN TRANSICIÓN NI CAMBIO DE MODELO
Finalmente, cuestionaron que el proyecto no incluya un mecanismo de transición gradual entre el régimen actual y el nuevo, ni plantee un cambio del modelo de capitalización colectiva hacia esquemas alternativos. “La ley define derechos adquiridos y expectativas, pero no establece cómo se va a hacer el traspaso. Falta ese artículo. Eso demuestra el apresuramiento”, indicaron.
Para la Unión Nacional de Jubilados del Paraguay, la reforma impulsada por el Gobierno no es una reforma estructural, sino un nuevo ajuste temporal que posterga decisiones de fondo. “Este proyecto no soluciona el problema. Es otro parche, y en pocos años volveremos a discutir lo mismo”, concluyeron.