Durante la jornada de este miércoles último, los agentes de la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público realizaron cinco allanamientos simultáneos en el Mercado Municipal Nº 4 y alrededores, en el marco de la Operación Blacklist que investiga la comercialización de celulares robados.
De acuerdo a lo informado por la fiscala intervinente Patricia Rivarola, los allanamientos se realizaron en dos en locales de venta ubicados en las galerías Bonanza y San Miguel, en dos en casillas y en un departamento situado en un edificio en las cercanías del mercado municipal.
El procedimiento resultó en la incautación de aproximadamente 1.000 teléfonos celulares, dinero en efectivo, una camioneta, entre otras evidencias. Así también, se logró la aprehención de siete personas identificadas como César Figueredo, alias “cadaver”, Marcial Barrios,Fernando Almeida Ortigoza, Gustavo Adolfo Díaz Florenciañez, Hugo Saucedo Melgarejo, Cristhian Emmanuel Díaz Villalba y James Vladimir Garzón Aponte, este último de nacionalidad colombiana. Estas personas ya se encunetran a disposición del Ministerio Público.
Según lo manifestado por la fiscal Rivarola, los detenidos serían imputados inicialmente por el delito de reducción, pero también están evaluando la posibilidad de imputarlos bajo la figura del hecho punible de violación de la ley de marcas.
De acuerdo a lo mencionado por el Crio. Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional, la comercialización de los celulares robados tiene varias aristas a investigar, como quienes son los que reducen, quienes son los que compran rápidamente los dispositivos robados, y quienes son los que reacondicionan técnica estos teléfonos móviles para ponerlos la venta.
En cuanto a los detenidos, el Crio. Alarcón indicó que investigarán si los mismos son los propietarios de los locales allanados o solo son los encargados. Además indicó que varios cuentan con antecedentes, algunos por otros hechos punibles y otros por el procedimiento actual.
Además señaló que trabajaran de manera coordinada con “varias instituciones para ver la legalidad comercial de estos locales, con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Municipalidad de Asunción”, indicó. Asimismo, señaló que a partir de estas investigaciones no descarta “ir detrás de los bienes de los que lucran con este negocio”.
El Crio. Alarcón manifestó que trabajarán en la concientización, en ese sentido, instó a la ciudadanía a ser concientes de la manera en la que adquieren un teléfono móvil. Señaló que, “las personas deben comprender que un celular de alta gama no cuesta Gs. 1 millón o 2 millones como lo ofertan en estos sitios”, recalcó, y que “el teléfono que está adquiriendo sin comprobante, sin factura legal, del mercado negro, de manera informal puede estar manchandose las manos inclusive con la sangre de un ciudadano”, sentenció.
También exhortó a que las personas que hayan sido víctimas de robo realice su denuncia en la comisaría más cercana y que con la copia de esa denuncia vaya hasta las empresas de telefonía móvil a solicitar el bloqueo del dispositivo. Pero primeramente deben llamar a su compañía proveedora de servicios a solicitar el IMEI del celular, ya que con ese dato, la Policía podrá identificarlo. De esta manera, los delincuentes no podrán reactivar el dispositivo y robar todos los datos personales del propietario.
El jefe policial manifestó que anualmente se registran 12.000 robos de celulares, pero reconoció que existe un subregistro porque hay muchas personas que no denuncian el robo de sus teléfonos o no completan los pasos para el bloqueo correspondiente.
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