En su visita a una de las futuras penitenciarías de Emboscada, el mandatario estuvo acompañado de varias autoridades que apuntan a encontrar soluciones para esta infraestructura que cuenta con elementos básicos para su funcionamiento, como el acceso para agua potable.
“Queremos soluciones de fondo para nuestro sistema penitenciario y el nuevo penal de Emboscada será parte de un sistema modelo que queremos implementar. Hoy realicé una visita para ver los avances de este proyecto”, expresó el jefe de Estado a través de sus redes sociales.
En su visita, Peña estuvo acompañado de de la titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Ing. Claudia Centurión, del ministro de Justicia, Ángel Barchini, del presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (ESSAP), Luis Bernal, y otros técnicos de las diferentes instituciones, quienes trabajan de manera coordinada para completar las obras que faltan para la habilitación del penal.
En una primera visita realizada por la ministra Centurión a los tres nuevos penales, las cuales dos de ellos se encuentran en Emboscada y el tercero en Minga Guazú, indicó que las infraestructuras “no cuentan con las condiciones básicas para que sean habilitadas de manera inmediata”.
Tras la evaluación de las instalaciones y haber recabado informaciones de parte de las mismas empresas contratistas, la titular del MOPC calificó estas estructuras como “cascarones vacíos”, e indicó que esto se debió a que existe aún una deuda a estas empresas. “Bueno, todo es parte del mismo problema también y obviamente es por eso que hoy se encuentran estos cascarones que no están en operación”, comentó la titular de Obras Públicas.
Centurión mencionó que, no se ha previsto el acceso a agua potable, los equipamientos y ni los sistemas de seguridad necesarios, motivo por el cual estas instalaciones no están aptas para recibir a los 1.200 reclusos que se pretende albergar.
En la ciudad de Emboscada se construyen dos nuevas penitenciarías, cada estructura de 35.000 m2 de dimensión, para albergar a 1.320 personas privadas de libertad. A estas se sumará la que se construye en Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, alcanzando una capacidad para albergar a un total de 3.960 personas privadas de su libertad.
Con estas penitenciarías el Gobierno apunta a brindar una solución de fondo al problema penitenciario, que actualmente soporta una sobrepoblación.
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