Nuevas fuentes de generación eléctrica requerirían una inversión de USD 12.000 millones

Paraguay enfrenta el desafío de asegurar su seguridad energética para el período 2025-2030, lo que demandaría una inversión estimada de USD 12.000 millones, lo que el sector público no tiene. Este monto contemplaría el desarrollo de múltiples fuentes de generación, incluyendo la construcción de un gasoducto bioceánico, plantas termoeléctricas, centrales solares fotovoltaicas, la ampliación de las hidroeléctricas existentes y pequeñas centrales. Tanto expertos independientes como altos funcionarios del Gobierno coinciden en la urgencia de concretar estas inversiones para evitar una posible crisis energética entre los 2030-33.

Nuevas fuentes de generación eléctrica requerirían una inversión de USD 12.000 millones

Frente a esta realidad, la participación privada será decisiva, porque el margen de maniobras del Estado hoy es muy limitado: con un endeudamiento público que ya supera el 40% del PIB, y una ANDE que carece de un plan integral de generación. Aunque el Gobierno analiza diversas alternativas para hacer frente al crecimiento sostenido de la demanda, hasta ahora todo permanece en los papeles o simples declaraciones.

A todo esto se suman las urgentes necesidades en infraestructura de distribución y transmisión. Para la modernización del sistema de distribución la ANDE requeriría inversiones que superan los USD 3.300; y más de USD 1.800 millones para fortalecer su red de transmisión.

Paralelamente, se estima que la construcción del gasoducto que conecte los yacimientos de Vaca Muerta (Argentina) con el mercado brasileño, atravesando el Chaco paraguayo, requeriría una inversión de USD 2.000 millones. Esta obra estratégica, que seguiría el trazado del Corredor Vial Bioceánico en terreno llano y con derecho de paso ya asignado, permitiría transportar gas natural a bajo costo y con alta competitividad regional.

Los beneficios económicos proyectados por este emprendimiento incluyen ingresos anuales para el Paraguay cercanos a los USD 400 millones, en concepto de “peaje energético”. Además, este gasoducto facilitaría a nuestro país la instalación de plantas termoeléctricas de gran envergadura, que podrían ser financiados con el mencionado “peaje”.

No obstante, hasta el momento, todo continúa en etapa de discusiones, debates, acuerdos preliminares y expresiones de deseos, en medio de disputas internas por el liderazgo del proyecto. Se anticipa, incluso, una reestructuración institucional que implicaría el traspaso del Viceministerio de Minas y Energía al Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

¿CRIPTOMINERÍA: UN RIESGO ENERGÉTICO ADICIONAL?

A fines de mayo pasado, dos de las mayores aeronaves de carga transcontinentales del mundo aterrizaron en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, transportando —según ciertas versiones— una granja de criptominería completa, con una capacidad instalada de 100 MW.

Este tipo de infraestructura, compuesta por equipos informáticos de alto consumo energético, tiene una demanda estimada de 2.400 megavatios hora diarios, con un costo operativo de alrededor de 120.000 dólares por día (si pagan USD 50 por MWh).

Aunque en apariencia representa un negocio rentable para la ANDE, dada la venta directa de energía, el beneficio nacional es cuestionable, considerando que las criptominerías emplean masivamente tecnología altamente automatizada, pero genera escasa ocupación laboral.

Peor aún, podría comprometer los excedentes energéticos del país justo cuando se está alertando una eventual escasez en el mediano plazo. En este contexto, de no tomarse decisiones estratégicas a tiempo, el Paraguay podría verse forzado a importar energía eléctrica a precios significativamente más altos, con efectos adversos incalculables sobre su economía.

 

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