A su salida del primer Consejo de Ministros del presidente Santiago Peña, Riera indicó que “por disputas institucionales injustificadas entre Poderes del Estado no se ponían de acuerdo quién iba a implementar y los responsables” a cinco años de vigencia de la Ley.
Por su parte, el ministro de Justicia, Angel Barchini, afirmó que la implementación de las tobilleras no es una cuestión de presupuesto sino “de responsabilidad, de quién va a ejercer el control”.
Las tobilleras electrónicas contarán de un sistema que ubicará geográficamente los sitios por donde se puede desplazar la persona beneficiada con la medida alternativa a la prisión, o quienes esperan un juicio, explicó Barchini.
Esto permitirá a un indiciado acudir a su lugar de trabajo. Sin embargo, al momento en el que salga del sitio georreferenciado se activará un sistema de alerta, agregó.
“La víctima recibe una alerta en su teléfono que hace que el servicio de seguridad del Estado pueda intervenir y advertir a través de la pulsera de que esa persona salió del lugar georreferenciado”, dijo.
“Es una situación de victoria para el Estado, por el ahorro, y para la persona que goza de presunción de inocencia hasta la realización de un juicio”, indicó el ministro de Justicia respecto a las ventajas de estos dispositivos.
Agregó que el caso de feminicidio registrado ayer en Lambaré, en donde el autor contaba con arresto domiciliario por un ataque previo contra la víctima fatal, se podría haber evitado con la implementación de esta tecnología.
En una primera etapa se buscará implementar de forma gradual para quitar a personas privadas de su libertad que están a la espera de un juicio oral.