Filadelfia, RCC.- Ladislaa manifestó que el acceso o ejercicio de los derechos lingüísticos de los hablantes de lenguas originarias es limitado, si bien hay esfuerzos, avances y marcos normativos que los garanticen.
“Los servicios públicos, tanto del sector estatal como de otros sectores se brindan en una lengua, que es oficial y dominante respecto de las lenguas indígenas. En el caso del Paraguay, cuando se emplea la modalidad escrita, se utiliza predominantemente el castellano; en cambio en la modalidad de expresión oral, se utiliza, con frecuencia y normalidad el idioma guaraní, otra de las lenguas oficiales del Estado”, manifestó.
La ministra dijo que tanto en Paraguay como en la mayoría de los países de la región, los servicios públicos ignoran la diversidad lingüística, representada por los pueblos indígenas, salvo las referidas a educación, donde se aprecia mayor avance, los servicios de salud y en la administración de la justicia.
Habló de las normativas vigentes en Paraguay que favorecen a los pueblos indígenas y a sus derechos lingüísticos, ya sea para el acceso a la educación, justicia, salud, al funcionariado público, etc.
Al referirse a la participación de los pueblos indígenas en el desarrollo de las políticas públicas favorables a los mismos, manifestó que se debe “desarrollar el proceso de consulta previa libre e informada y el consentimiento; acudir a las organizaciones, referentes y delegaturas constituidas; propiciar la participación de indígenas en las esferas políticas y en puestos de decisión; fomentar el diálogo intercultural; etc.”.
En el marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas, el Ministerio de Cultura del Perú y la Organización de la Unesco organizan el Congreso Regional de Lenguas Indígenas para América Latina y el Caribe, que se extenderá hasta el viernes 27 de setiembre.