Entre las medidas correctivas urgentes a aplicarse se contempla una mayor atención al reencauzamiento de los trabajos de vigilancia, remodelación de la infraestructura edilicia del cerco perimetral, tecnovigilancia con cámaras de seguridad y mejoramiento del trabajo desde la dirección del penal, informó el Ministerio de Justicia.
Durante el recorrido el viceministro Nicora lamentó que al tratarse de un recinto en régimen de semi-libertad que no requería de mucha seguridad, se deba elevar la exigencia y trabajar sobre el problema de fondo que es la administración de la granja.
“Vamos a tomar nota dónde podemos instalar algunos equipos, mejorar nuestro sistema de video vigilancia; entiendo que también hay unos relojes biométricos que quieren proponer para registrar las entradas y salidas”, dijo Nicora.
Mencionó que el objetivo es adoptar medidas que ofrezcan el soporte para prevenir fugas y mantener el orden y el control dentro del medio libre que ofrece la granja penitenciaria.
“Nosotros no vamos a apañar ningún hecho irregular. A lo mejor vamos a tener muchas dificultades, pero tenemos que tratar de cambiar nuestra realidad, es un proceso conflictivo, doloroso en muchos casos, porque siempre hay familias detrás de los funcionarios, y también hay funcionarios excelentes que se sacrifican, son patriotas, con un sueldo a veces muy bajo para la responsabilidad, inclusive, apeligrando la integridad física, a quienes valoramos y agradecemos por sus trabajos”, puntualizó.
Estuvieron presentes, Rubén Peña, director general de Establecimientos Penitenciarios, y Víctor Benítez, director de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Además, Sandra Kirchhofer, Sandra Silveira, Luz Rossana Bogarín, juezas de Ejecución Penal de Capital; Silvana Luraghi, jueza Penal de Ejecución de Central, y representantes de la Coordinación de Justicia Penitenciaria de la Corte suprema de Justicia.
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