Durante esta visita, funcionarios de la Dirección de Política Criminal llevaron a cabo una inspección detallada de la penitenciaría. Se realizaron verificaciones en la Intendencia para garantizar la calidad de los alimentos, así como en los servicios de sanidad, siguiendo de cerca las recomendaciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP).
Se mantuvo un diálogo con el director de la Penitenciaría Regional, Virgilio Duarte, al cual se le brindaron recomendaciones para continuar con las labores, según informó el Ministerio de Justicia.
Asimismo, a través de las direcciones de Atención a Grupos Vulnerables y Reinserción, se brindó atención a la población de PPL indígenas, identificando a 30 personas que no contaban con cédula de identidad.
En esta visita interinstitucional participaron representantes de la Dirección de Política Criminal, Dirección de Bienestar y Reinserción Social, Dirección de Atención a Grupos Vulnerables, Unidad de Seguimiento Procesal y Coordinación de Justicia Penitenciaria de la Corte Suprema, encabezada por la Dra. Liliana Luraschi.
Además, estuvieron presentes el presidente de la Circunscripción Judicial, Dr. Osvaldo Garay Zárate; el juez de Ejecución Néstor Arévalo; los jueces de Garantías Rodrigo Valdés Berni y David Mendoza; y los defensores públicos Eduardo Sosa y Cristhian Peralta.
La Unidad de Seguimiento Procesal llevó a cabo tres audiencias telemáticas, resultando en dos liberaciones por cumplimiento de la pena mínima y una revocación de rebeldía, además de dar seguimiento a 33 casos, colaborando activamente con los Juzgados Penales de Garantías de Capiatá, Luque, J. A. Saldívar y Santaní.
De esta manera, el Ministerio de Justicia, bajo la dirección del Dr. Rodrigo Nicora Villamayor, a través del Viceministerio de Política Criminal, se compromete con una presencia efectiva en los penales de todo el territorio nacional.