El viceministro Maciel explicó que actualmente Paraguay tiene 19.700 personas privadas de libertad, de las cuales 13.000 se encuentran bajo prisión preventiva, mientras que poco más de 6.000 son condenados. “Si reducimos la cantidad de personas bajo prisión preventiva, descomprimimos el sistema y podemos gestionar mejor las penitenciarías”, afirmó.
El Ministerio de Justicia, a través de la unidad de seguimiento procesal, busca que la prisión preventiva sea de aplicación excepcional, especialmente para delitos menores y para infractores primarios sin antecedentes. En esos casos, se coordina directamente con la Corte para evaluar medidas alternativas.
Maciel detalló que la nueva penitenciaría de Mingahuazú permite implementar programas más específicos, adaptados al perfil de cada interno. Esto incluye programas laborales, educativos y de desintoxicación para quienes tienen problemas de consumo de sustancias. “La efectividad de estos programas se mide por la reincidencia: que quienes finalicen su condena no vuelvan a delinquir”, aseguró.
Asimismo, el Ministerio de Educación enviará docentes para relevar los perfiles de los internos y ajustar los programas educativos a sus necesidades, reforzando la reinserción social como un eje clave del nuevo modelo de gestión penitenciaria. Según Maciel, la diferencia no reside únicamente en la infraestructura, sino en cómo se organiza y gestiona el sistema para garantizar resultados más efectivos.
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