“Quiero creer que las políticas que estamos llevando adelante tienen su impacto, pero siempre es importante que vayamos midiendo, evaluando, corrigiendo y apretando lo que debamos”, señaló Peña, poniendo énfasis en una “gestión basada en resultados”.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo destaca cifras y ampliaciones de programas sociales, empresarios y proveedores del Estado continúan reclamando el pago de millonarias deudas por servicios ya prestados al programa alimentario más emblemático del Gobierno.
MÁS COBERTURA, ¿PERO SIN CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS?
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó que el Ejecutivo decidió ampliar la cobertura del Sistema de Protección Social de 26 a 42 distritos, siguiendo el Mapa de Pobreza del Instituto Nacional de Estadística (INE). “El parámetro exclusivo para definir la expansión es el mapa de pobreza del INE, que determina dónde el Estado debe intensificar su presencia”, afirmó Rojas, quien además detalló la incorporación de nuevos distritos en siete departamentos priorizados.
Los programas bajo el paraguas del Gabinete Social incluyen Hambre Cero, Tekoporã Mbareté, Adultos Mayores, y otras iniciativas en salud, educación, vivienda y empleo. Según los datos oficiales, este año se sumaron 6.788 adultos mayores, 3.800 familias al Tekoporã Mbareté, y se construyeron 1.133 viviendas, entre otros resultados.
No obstante, las deudas acumuladas con empresas proveedoras de alimentos y logística del Programa Hambre Cero ponen en duda la sostenibilidad de estas políticas. El gremio afectado ha advertido que, de persistir la falta de pagos, se podrían interrumpir los servicios de provisión de alimentos en varias zonas del país.
EL CONTRASTE ENTRE EL DISCURSO Y LA EJECUCIÓN
Mientras los ministros y el Presidente presentaban indicadores y nuevos desafíos, también en el Congreso Nacional se analizó este martes la situación de los atrasos financieros con el sector de la construcción. El propio titular del Gabinete Social reconoció que “el éxito de las políticas sociales depende de la acción conjunta y de una planificación basada en evidencia”. Sin embargo, la ejecución presupuestaria irregular y los pagos pendientes generan una brecha entre los objetivos anunciados y la realidad operativa.
Durante la reunión, el ministro del Interior, Enrique Riera, resaltó que su institución fue incorporada al Gabinete Social para “fortalecer el enfoque preventivo y de diálogo” en comunidades vulnerables. Citó como ejemplo la resolución pacífica de un conflicto de tierras en Santa Lucía, donde siete familias fueron beneficiadas tras una década de disputas.
BALANCE Y TENSIONES
El Gobierno insiste en que los logros alcanzados reflejan una visión estratégica de gestión territorial e interinstitucional, pero las tensiones financieras alrededor del Hambre Cero dejan en evidencia que la política social enfrenta un desafío clave: mantener su credibilidad sin descuidar los compromisos asumidos con el sector privado.