Mientras en el interior del recinto se desarrollaba la audiencia de imposición de medidas para siete imputados —entre ellos la jueza Norma Ortiz, la actuaria Elena Ojeda y el oficial de justicia Patrocinio Almada—, afuera, el testimonio de Zárate desnudaba la sofisticación de un esquema criminal que opera desde las entrañas del Poder Judicial.
En declaraciones a RCC Radio, recordó que su calvario comenzó con una ficción jurídica. El esquema no se limitó a falsificar su firma; reconstruyeron su identidad civil para que encajara en un proceso ejecutivo. «Inventaron una actividad económica y laboral. Me denunciaron como si fuera una enfermera que trabajaba en Emergencias Médicas, cuando mi profesión es totalmente distinta», relató Zárate con indignación.
Incluso la dirección declarada en el expediente era un fantasma: una calle inexistente que, sin embargo, correspondía geográficamente a la propiedad de un conocido empresario y exdiputado. A pesar de que el Ministerio de Salud remitió informes oficiales al juzgado confirmando que Zárate nunca fue funcionaria de dicha cartera, la maquinaria judicial no se detuvo. El juicio continuó hasta llegar a una orden de remate de sus bienes.
EL PAGARÉ «EXTRAVIADO»: LA TRAMPA PERFECTA
El monto en disputa, un pagaré de G. 4.711.000, supuestamente adquirido por el estudio jurídico «Toledo y Asociados», es hoy inalcanzable para la justicia. Sila denuncia una táctica recurrente: el abogado ejecutor alega que el documento original «se extravió» años atrás.
Esta «pérdida» no es casual. Sin el documento original, es imposible realizar la pericia caligráfica que demostraría científicamente la falsedad de la firma. «Hicieron desaparecer los originales porque saben que son falsos. Es una trampa legal que nos deja sin armas para defendernos», sentenció la víctima.
CUESTIONAMIENTO A LA CORTE SUPREMA: ¿CONTROL O COMPLICIDAD?
Para Zárate, el problema no termina en los funcionarios corruptos de Luque, sino que escala hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La mujer critica la respuesta institucional ante las auditorías que ya confirmaron la corrupción en el juzgado.
«Es injusto que la Corte sepa que sus funcionarios son corruptos y, aun así, nos obligue a las víctimas a someternos a un proceso civil largo y costoso para demostrar nuestra inocencia», reclamó. Zárate calificó el sistema como una «mafia del padrino» que ya tuvo antecedentes masivos en 2014, los cuales terminaron en el olvido («opareí»), permitiendo que el esquema se fortaleciera.
EL COSTO HUMANO: MÁS QUE DINERO
Tras un año y cinco meses de «deambular» por tribunales, el saldo para Sila es devastador. No es solo el dinero perdido en gestiones o el tiempo restado a su trabajo; es el miedo constante a perder su hogar, una amenaza que ya se cumplió para otras víctimas como Valeria García, cuya casa fue subastada bajo el mismo esquema.
«Perdí prácticamente mi vida en esto. El factor económico es nulo para muchas víctimas que ni siquiera pueden llegar desde el interior para seguir sus causas», lamentó. El relato de Sila Zárate no es solo una denuncia individual; es el grito de miles de ciudadanos que hoy ven en el mazo del juez, no un símbolo de justicia, sino una herramienta de despojo.