No todo el dinero depositado en el banco fallido constituye automáticamente una pérdida: la recuperación dependerá de la liquidación de activos, las garantías aplicables y el orden de pago de los acreedores, pero eso va a llevar su tiempo, y p uede ser mucho tiempo.
La dimensión del sector privado es particularmente importante: supera ampliamente los fondos públicos y previsionales. Por tanto, el problema no afecta exclusivamente al Estado ni a las cajas jubilatorias, sino también a empresas, entidades financieras, cooperativas y ahorristas particulares.
Según el desglose divulgado por el BCP, el sector privado mantenía aproximadamente USD 2.061 millones depositados en Ueno Bank. Entre los grandes depositantes identificados en los relevamientos periodísticos aparecen empresas, entidades financieras, organizaciones y personas físicas. Una nómina difundida permite identificar algunas de las principales colocaciones en certificados de depósito de ahorro (CDA):
| Depositante | Monto en guaraníes |
| Grupo Vázquez SAE | G. 118.285 millones |
| Cargo Line Paraguay SA | G. 96.866 millones |
| CADIEM Casa de Bolsa SA | G. 91.759 millones |
| Puente Casa de Bolsa SA | G. 90.378 millones |
| Conmebol | G. 85.470 millones |
| Banco Basa SA | G. 79.577 millones |
| Corrugadora Paraguaya SA | G. 50.695 millones |
| Cooperativa Universitaria | G. 37.849 millones |
| Tranquilo Favero | G. 48.433 millones |
| Carmen Teresina Koch | G. 47.263 millones |
| María de Fátima Moreno de Riveros | G. 33.048 millones |
Estas cifras corresponden a depósitos identificados en una nómina de grandes ahorristas y no representan la totalidad del dinero privado captado por el banco. También debe tenerse presente que la presencia de otras entidades financieras entre los depositantes no significa que todos esos fondos sean patrimonio propio: algunos pueden corresponder a recursos de clientes o terceros bajo administración.
El sector público y previsional: USD 813 millones
El otro componente de la exposición corresponde a fondos estatales y previsionales. El monto informado por el BCP asciende a aproximadamente USD 813 millones.
Entre los principales organismos e instituciones que aparecen en los relevamientos se encuentran:
- Instituto de Previsión Social (IPS): una de las mayores exposiciones, con fondos previsionales y depósitos que fueron objeto de distintas publicaciones y declaraciones.
- Itaipú Binacional: con recursos depositados en la entidad.
- Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): a través de recursos vinculados a la Caja Fiscal.
- Administración Nacional de Electricidad (ANDE): con fondos propios y recursos vinculados a operaciones financieras.
- Caja Bancaria: recursos de jubilación de trabajadores del sistema financiero.
- CAJUBI: fondos previsionales del personal de Itaipú.
- Caja de Jubilaciones de la ANDE: recursos de sus aportantes.
- SENAVE: depósitos institucionales.
- PETROPAR: recursos reconocidos como afectados por la situación.
- Municipalidad de Asunción: fondos municipales.
- Corte Suprema de Justicia: recursos provenientes de recaudaciones.
- CONATEL: depósitos e inversiones institucionales.
¿Cuánto dinero podría perderse realmente?
Este es el punto más delicado del caso. El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, informó que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) tendría un desembolso máximo estimado de USD 702 millones.
La garantía ordinaria alcanza hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a G. 228.300.000 por depositante y por entidad financiera. La cobertura no se multiplica por tener varias cuentas en el mismo banco.
La diferencia entre los depósitos totales y el desembolso máximo proyectado del FGD permite dimensionar el volumen de recursos que no estaría cubierto por esa garantía:
| Concepto | Monto |
| Depósitos públicos y previsionales | US$ 813 millones |
| Depósitos privados | US$ 2.061 millones |
| Total de depósitos | US$ 2.874 millones |
| Desembolso máximo estimado del FGD | US$ 702 millones |
| Saldo no cubierto por esa garantía | US$ 2.172 millones |
Sin embargo, hay una distinción importante: El remanente superior a US$ 1.300 millones corresponde específicamente a ahorros privados que quedarían sin cobertura, según su análisis del esquema de pagos y garantías. Esa cifra no debe confundirse con los US$ 2.172 millones de depósitos que exceden el desembolso máximo estimado del FGD en el cálculo global.
Acosta explicó que el BCP pretende avanzar con una oferta competitiva a otros bancos, utilizando activos de las empresas para buscar recursos con los cuales atender a los depositantes. Si esos activos resultan insuficientes, podría ser necesario recurrir nuevamente al Fondo de Garantía.
En consecuencia, los US$ 1.300 millones representan una exposición privada sin cobertura suficiente, no una pérdida ya consumada. La pérdida definitiva dependerá de cuánto dinero pueda recuperarse mediante los activos y las operaciones de resolución de la entidad.
Una cuestión que exige explicaciones: ¿Dónde están los activos?
La crisis adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa que Ueno Bank no solamente captaba depósitos, sino que también otorgaba créditos a empresas vinculadas a su entorno empresarial.
Según investigaciones periodísticas preliminares, se identificaron coincidencias entre el crecimiento de los depósitos públicos y previsionales y los préstamos concedidos a MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
Uno de los casos documentados corresponde al 26 de septiembre de 2025. Ese día, Ueno Bank desembolsó aproximadamente US$ 38,9 millones a esas tres empresas vinculadas. En ese mismo periodo, el IPS había incrementado sus depósitos en aproximadamente US$ 36 millones.
La investigación también identificó operaciones posteriores de refinanciación de créditos, incluyendo préstamos otorgados en condiciones más favorables a empresas que ya mantenían obligaciones con la entidad.
Estas coincidencias y operaciones requieren una explicación documental y financiera, especialmente para determinar el destino de los recursos captados y la calidad de los activos que respaldaban los depósitos.
No constituyen por sí solas una prueba de que los depósitos públicos hayan sido transferidos directamente a esas empresas, pero sí justifican una investigación exhaustiva sobre las decisiones crediticias, los beneficiarios y los mecanismos de supervisión.
El desafío para el Estado y los depositantes
El procedimiento de resolución bancaria iniciado por el BCP busca preservar los activos de la entidad y proteger a los depositantes. La autoridad monetaria constató que el índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo requerido, luego de ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización.
El desafío ahora consiste en determinar:
- Cuánto dinero y qué activos conserva realmente Ueno Bank.
- Cuáles son los créditos recuperables y quiénes son sus beneficiarios.
- Qué garantías respaldan los préstamos concedidos.
- Qué responsabilidad tienen los antiguos directivos y los organismos de control.
- Cuánto podrán recuperar los depositantes públicos y privados.
- Qué consecuencias financieras tendrá el eventual faltante para el sistema de garantía y los acreedores.
El problema no termina con la devolución de los depósitos cubiertos por el FGD. Miles de empresas y personas que tenían recursos superiores al límite de garantía necesitan conocer qué ocurrirá con el resto de su patrimonio.
También debe establecerse si hubo negligencia, incumplimiento de las normas prudenciales o eventuales responsabilidades penales en la administración y supervisión del banco.
La conclusión: un agujero financiero que trasciende al Estado
Los números revelan que el colapso de Ueno Bank no representa solamente un problema para las instituciones públicas y los fondos jubilatorios.
De los aproximadamente US$ 2.874 millones captados, US$ 2.061 millones correspondían al sector privado. Es decir, casi tres cuartas partes de los depósitos pertenecían a empresas, entidades y particulares.
La exposición privada, por su magnitud, puede tener consecuencias sobre la liquidez empresarial, el cumplimiento de obligaciones comerciales, las inversiones y el funcionamiento de distintas actividades económicas.
Y existe una pregunta que no puede quedar sin respuesta: ¿cómo una entidad que manejaba miles de millones de dólares en depósitos pudo llegar a una situación de insolvencia tan grave, mientras continuaba captando recursos de instituciones públicas, fondos previsionales y ahorristas privados?
La ciudadanía necesita conocer no solamente cuánto dinero quedó comprometido, sino también quiénes lo administraron, dónde terminó y quiénes deberán responder por las consecuencias.
La protección de los ahorristas no puede convertirse en una excusa para ocultar responsabilidades ni para trasladar indiscriminadamente las pérdidas al conjunto de los contribuyentes.