En entrevista con RCC, el Director General del Registro Civil, Rigoberto Zarza, reveló un desafío crítico que enfrenta la institución: un alto número de oficinas aún funcionan en casas particulares. Según Zarza, esta práctica es «totalmente ilegal» y se originó en 2015, cuando se eliminó el rubro presupuestario destinado al alquiler de oficinas.
«Nuestros funcionarios, con mucho sentido de pertenencia, llevaron las oficinas a sus casas para salvar las unidades del Registro Civil», explicó Zarza, al tiempo que subrayó que esta situación, lejos de ser ideal, compromete la transparencia y la seguridad de los documentos del Estado.
El director informó que, de las 170 oficinas heredadas en estas condiciones, la mitad ya se han trasladado a espacios públicos gracias a convenios con gobernaciones, municipios, cooperativas e incluso iglesias. «Estamos avanzando tremendamente en esa dirección», afirmó Zarza.
El director también destacó casos ejemplares, como el apoyo de cooperativas en el Chaco y Loma Plata, que han cedido oficinas de primer nivel. Sin embargo, reconoció que la falta de presupuesto sigue siendo un obstáculo importante, especialmente en un contexto de post-pandemia que ha ensanchado la franja de pobreza en el país.
«La solución no es fácil, pero estamos 24 horas buscando aliados para garantizar que el Registro Civil opere en espacios públicos. Es fundamental recuperar el control y la legalidad, porque las casas particulares también pueden ser foco de corrupción», enfatizó Zarza.
El desafío ahora es acelerar este proceso y focalizar los esfuerzos en comunidades vulnerables, como las indígenas, donde muchas oficinas aún dependen de soluciones improvisadas. «La historia de nuestra nación está escrita en los registros civiles, y no podemos permitir que se manejen en condiciones tan precarias», concluyó.
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