La medida, según informó el funcionario, responde a los reclamos del sector privado ante el incremento del transporte informal en rutas nacionales e internacionales, situación que afecta tanto la sostenibilidad económica de las empresas habilitadas como la seguridad de los usuarios.
Competencia desleal e informalidad: González explicó que vehículos habilitados únicamente para el ámbito municipal (conocidos como «taxis del interior», autos particulares y minivanes) realizan trayectos interdepartamentales recogiendo pasajeros de manera irregular. Estas unidades operan sobrecargadas, sin paradas fijas ni pólizas de seguro con cobertura adecuada para los viajeros.
Proyección internacional: La problemática trascendió las fronteras del país. Se detectaron minivanes y automóviles sin habilitación realizando viajes a la Argentina bajo la modalidad de «puerta a puerta». Estos servicios incurren en graves fallas de seguridad vial, como la falta de relevo de choferes en trayectos de hasta 20 horas de recorrido continuo.
Protección a la inversión privada: El sector del transporte público de pasajeros de mediana y larga distancia no recibe subsidios estatales. En los últimos tres años, las empresas privadas invirtieron cerca de USD 50 millones en la adquisición de unas 300 unidades 0 km. Desde la DINATRAN ratificaron el compromiso de resguardar el trabajo formal y velar por la integridad física de los usuarios.
Seguridad vial y control de peso pesados: Ante el debate generado por recientes accidentes en zonas de riesgo como el cerro de Caacupé, González defendió la rigurosidad de la Inspección Técnica Vehicular (ITV) supervisada en los talleres habilitados.
Asimismo, planteó la necesidad de instalar básculas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en la cima de los cerros para detectar camiones con sobrepeso antes de emprender los descensos.
Despliegue de manifestaciones: Respecto a las movilizaciones registradas en puntos como Emboscada, el director confirmó el apoyo de la Policía Nacional para garantizar la libre circulación en las rutas nacionales y resguardar el orden durante las protestas pacíficas.