Ávila explicó que la principal traba actual reside en la obtención del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria. «La pelota está en el campo del Ministerio de Economía», afirmó el Defensor, señalando que una vez que dicha cartera autoriza y libera los recursos, el Ministerio de Salud puede proceder con la compra de los fármacos.
Ante el malestar de los pacientes por las demoras en casos de urgencia, Ávila aclaró que la Defensoría actúa como un puente de gestión y control, pero no tiene competencia directa sobre el presupuesto ni sobre los procesos de licitación del Ejecutivo. «No podemos inmiscuirnos en el presupuesto del Ministerio de Salud; nuestro rol es agotar todas las instancias de gestión para que los casos se liberen», enfatizó.
Para los ciudadanos que necesiten recurrir a esta vía legal, la Defensoría del Pueblo detalló los siete requisitos indispensables que deben presentarse:
Cédula de identidad: Fotocopia autenticada del solicitante y de su representante.
Receta médica: Original y actualizada, con denominación y cantidad del medicamento.
Informe médico: Documento actualizado que justifique el tratamiento.
Historial clínico: Expedido por el hospital (público o privado) donde se atiende el paciente.
Estudios médicos: Todos los análisis deben estar actualizados.
Constancia de IPS: En caso de ser asegurado, debe presentar el sello de «no existencia» del fármaco.
Formularios: Completar los documentos disponibles en la página web oficial.
TRÁMITES GRATUITOS Y SIN INTERMEDIARIOS
Un punto fundamental resaltado por el Defensor es la gratuidad absoluta de los procesos. Ávila advirtió a la ciudadanía sobre posibles estafadores o «gestores» que busquen cobrar por estos servicios.
«Todos los trámites ante la Defensoría son gratuitos, incluyendo la exoneración de tasas. No existe intermediación; tratamos directamente con los pacientes o sus familiares», concluyó.