En medio de la crisis generada por la intervención de Ueno Bank S.A., la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) alzó su voz a través de un comunicado oficial para expresar su solidaridad con los miles de familias afectadas que hoy ven comprometidos sus salarios, jubilaciones, ahorros de toda la vida y capitales de pequeños negocios.
Recordando la doctrina social de la Iglesia, los obispos recalcaron que “el dinero y las finanzas deben estar al servicio de la persona y del bien común”, por lo que rechazaron categóricamente cualquier forma de delito financiero y el uso indebido de recursos públicos o privados. Asimismo, señalaron con firmeza que «hubo advertencias que no fueron escuchadas a tiempo y, como tantas veces, los que más sufren son los más pequeños».
LOS CUATRO PEDIDOS CENTRALES DE LA CEP
Ante este escenario, la Iglesia estructuró su postura en cuatro demandas puntuales dirigidas a las autoridades y a la sociedad:
Prioridad a los vulnerables: Exigen que jubilados, trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores recuperen su dinero con urgencia, sin trámites ni esperas innecesarias, brindando especial asistencia a los adultos mayores.
Transparencia total: Demandan que se informe con claridad y con participación de las partes interesadas cuánto dinero del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Estado se encontraba depositado en dicha entidad y de qué manera será protegido, recordando que “ese dinero es del pueblo”.
Justicia sin impunidad: Reclaman que el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el Banco Central investiguen a fondo los hechos «sin importar cargos ni cercanía al poder», exigiendo que se determinen responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y se repare el daño causado.
Ciudadanía atenta: Invitan a la población a seguir de cerca y con responsabilidad las decisiones de las autoridades para garantizar que la verdad salga a la luz, enfatizando que «la corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay».
RECOMENDACIONES PASTORALES Y DE SEGURIDAD
Finalmente, la CEP instruyó a las parroquias del país a acompañar de cerca a los afectados y orientarlos en los trámites necesarios. Del mismo modo, lanzaron una advertencia clave de seguridad ciudadana: pedir a la población que no entreguen sus contraseñas ni claves bancarias a desconocidos bajo la falsa promesa de recuperar su dinero.