Justicia destaca relevancia de la primera unidad de tratamiento para jóvenes adictos

Por primera vez en Paraguay, el Estado cuenta con una unidad especializada para la desintoxicación y rehabilitación de adolescentes en conflicto con la ley penal que sufren adicciones a las drogas, resaltó este jueves el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora. La infraestructura, ubicada dentro del sistema de justicia penal juvenil, fue oficialmente habilitada como parte del Plan Sumar, impulsado por el Gobierno del presidente Santiago Peña y la Oficina de la Primera Dama.

El secretario de Estado comentó que la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA) está dirigido a jóvenes de entre 14 y 18 años que, empujados por el consumo problemático, terminan involucrados en hechos punibles. La propuesta apunta a romper el ciclo de la delincuencia ofreciendo atención médica, psicológica y un proceso terapéutico integral.

La nueva unidad cuenta con dos módulos claramente diferenciados: Primero, deshabituación y desintoxicación, con asistencia médica continua, medicamentos y nutrición adecuada según el perfil de cada paciente. Segundo, rehabilitación, con una duración inicial de tres meses —extensible de acuerdo con el proceso del adolescente—, tras la cual se informa al juzgado para evaluar una eventual libertad asistida o progresión de la pena.

Otra característica destacada es su financiamiento: Nicora manifestó que todas las obras y el personal son sostenidos con recursos incautados al crimen organizado y administrados por la SENABICO. “Es la reinversión del dinero del narcotráfico en la recuperación de nuestros jóvenes”, subrayó el ministro de Justicia.

El proyecto se desarrolla en estrecha articulación con el Ministerio de Salud Pública, encargado del respaldo técnico y operativo. Afirmó que el objetivo es evitar que estos adolescentes terminen integrando el sistema penal de adultos, donde se concentra actualmente una población de 19.500 personas, muchas también dependientes de sustancias ilícitas.

Sostuvo que este modelo será replicado en otras unidades del país a fin de extender la respuesta estatal a una problemática que se ha vuelto motor del delito y de la vulnerabilidad juvenil.

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