El secretario de Estado manifestó que la intención es “reducir considerablemente” esa cifra hacia fin de año, teniendo en cuenta que es una obligación que habían asumido. “Cuando me preguntan cuánto tiempo llevará alcanzar esta meta, mi deseo es que a mediados de (este) año pueda sentarme aquí y contarles que hemos logrado avanzar en un 80% o 90%; o al menos en un 75%, en la regularización de estas oficinas”, enfatizó.
Añadió que, si bien la responsabilidad directa recae en el funcionario u oficial del Registro Civil, no se puede ignorar que es “totalmente irregular” ejercer funciones públicas desde una casa particular. “Con proactividad y coordinación, podemos avanzar en la migración hacia espacios institucionalizados, donde exista mayor control”, expresó.
Acotó que ya están trabajando en ello, a través de alianzas con gobernadores, intendencias y también con el sector privado. “Y lo estamos logrando”. Sobre el punto, agregó que “en un mundo ideal” contarían con los recursos suficientes para tener oficinas modernas y bien equipadas en todo el país.
Sin embargo, aunque el ministerio no tiene la capacidad financiera para sostener todas las oficinas de manera independiente, las alianzas estratégicas con otros actores han demostrado ser una solución viable.
Subrayó que hasta ahora, cada vez que han tocado la puerta de un gobernador o intendente, han recibido una respuesta positiva para trabajar en conjunto. Coincidió con la idea de que el Registro Civil es una “cara visible” del Estado y su servicio a la ciudadanía no puede ser descuidado. “Por eso debemos seguir dando pasos firmes para optimizarlo”, finalizó.
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