Según explicó el edil Arnold a RCC Radio este jueves, la situación saltó a la luz tras una denuncia vecinal. Al intentar reportar un vertedero clandestino, el contribuyente se encontró con la exigencia de abonar el equivalente a diez estampillas de G. 5.000 más un papel sellado, totalizando G. 50.300 por el simple expediente de denuncia.
«Esto viola directamente el artículo 40 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de petición y la libre posibilidad de denunciar ante cualquier estamento del Estado sin que esto represente un perjuicio económico. Cobrar este monto limita y cercena el derecho al reclamo, afectando especialmente a las personas de escasos recursos», enfatizó el legislador municipal.
Casos de emergencia, como árboles en peligro de caída sobre viviendas o la proliferación de vertederos clandestinos, quedan desatendidos debido a este arancel administrativo. La Junta solicitó formalmente a la Intendencia la remisión de la reglamentación que sustente dicho cobro dentro de la Ordenanza Tributaria N.° 198/25, con la firme postura de revertir la medida de inmediato.
BUROCRACIA «CAJONEADA» AFECTA A EMPRENDEDORES
Por otra parte, el pleno también dio luz verde a una minuta del concejal Arnold que exige un informe detallado sobre la expedición de licencias y habilitaciones comerciales correspondientes a los periodos 2025 y 2026.
El concejal denunció la existencia de una excesiva burocracia que traba el avance de los expedientes de nuevos comercios, dejando a los emprendedores en una situación de vulnerabilidad ante fiscalizaciones irregulares.
«El comerciante saca créditos, arriesga su capital y contrata gente, pero sus carpetas no corren en la municipalidad. Esto da pie a que vayan fiscalizadores reiteradas veces a ‘mirar la pintura de la pared’, lo que frena el progreso y priva al propio municipio de recaudar impuestos formalmente. Es un ciclo vicioso», argumentó.
Con este pedido de informe, la corporación legislativa busca obtener estadísticas reales sobre cuántas solicitudes ingresaron, cuántas licencias fueron otorgadas y cuántas permanecen retenidas en los escritorios municipales, apuntando a transparentar y agilizar los procesos de inversión en la capital.