En el marco del cumplimiento de normativas legales y en busca de garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de libertad, la jueza Penal de Ejecución de la Circunscripción Judicial de Paraguarí, Myriam del Carmen Villamayor, encabezó una comitiva judicial que llevó a cabo una inspección en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, así como en la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) y la Granja Penitenciaria Ko’e Pyahu.
La visita, realizada en cumplimiento al Artículo 23° de la Acordada N° 222/01 y la Ley N° 5.162/14, tuvo como objetivo principal prestar atención integral e inspeccionar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad.
La comitiva estuvo acompañada por funcionarios especializados de la Dirección de Derechos Humanos, incluyendo al abogado Daniel Llanes, el licenciado Ramón Servín y la abogada Paola Ortiz. También participó en la inspección la coordinadora general de Justicia Penitenciaria, doctora Lilian Luraschi.
Durante la jornada, se recorrieron las instalaciones de las mencionadas unidades penitenciarias con el objetivo de evaluar las condiciones de reclusión y asegurar el cumplimiento adecuado de los reglamentos establecidos para el tratamiento de las personas privadas de libertad.
La jueza Villamayor destacó que se entrevistaron a nueve internos de la Penitenciaría Tacumbú que quedaron luego del Operativo Veneratio, con el propósito de conocer la situación de sus causas judiciales.
La coordinadora general de Justicia Penitenciaria, doctora Lilian Luraschi, resaltó la importancia de estas visitas para asegurar el respeto de los derechos humanos en todos los ámbitos de la justicia penal.
La jornada de trabajo se enmarca en la aplicación de las «100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad», ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, a través de la Acordada Nº 633/10.
La información recopilada durante la inspección contribuirá a mejorar la atención y condiciones de reclusión de las personas privadas de libertad, cumpliendo con los estándares de respeto a los derechos humanos.
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