El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y el Instituto de Previsión Social (IPS) han firmado un convenio de cooperación interinstitucional. Esta medida, según muchos, es ruinosa y fatal para el ya debilitado sistema de salud del país. La resolución, aprobada el 18 de junio, parece ser un intento desesperado del gobierno para encubrir el colapso inminente del sistema de salud público descargando sus deficiencias sobre el no menos desastroso sistema del IPS.
Para los asegurados, la magnitud de esta medida perversa es difícil de exagerar. El sistema de salud del IPS, ya colapsado y con un presupuesto insuficiente para atender a sus asegurados, ahora deberá hacerse cargo de la población no asegurada. Esto inevitablemente llevará a un mayor deterioro en la atención médica, que ya es calamitosa. Parece ser un plan deliberado para llevar al sistema a la quiebra y justificar una eventual privatización de la salud pública.
El convenio entre el MSPBS y el IPS es, a todas luces, un chiste macabro. El Ministerio, en su «contraprestación», ofrece un sistema de salud pública deplorable para que los asegurados del IPS puedan acceder a la miseria que se ofrece. Esto afectará gravemente áreas críticas como los servicios oncológicos y renales, que el IPS ha podido cubrir de manera más efectiva que la salud pública. Además, esta medida es inconstitucional: mientras el IPS es un seguro obligatorio para los trabajadores, la salud pública debe estar disponible para todos los ciudadanos, sin discriminación.
El convenio también establece un sistema de compensación entre ambas instituciones, lo que parece ser una maniobra para que el MSPBS salde su millonaria deuda con el IPS, acumulada durante la pandemia. Esta deuda, junto con la deuda histórica del Estado y las deudas de empresas privadas en mora, suma un total de USD 1.125 millones. Antes de cualquier convenio, deberían honrarse estas multimillonarias deudas con la previsional.
El pueblo trabajador tiene derecho a una salud pública digna. Exigen al Estado que cumpla con su responsabilidad, pero rechazan que lo haga destruyendo el sistema de reparto y privatizando el IPS. Ninguna mesa de diálogo es seria cuando se toman decisiones a espaldas de los asegurados, sin consulta previa ni audiencias públicas.