El caso, que se remonta a un contrato iniciado incluso antes de la pandemia, involucra cuestionamientos relacionados con la ejecución de obras, la entrega y custodia de equipos y una serie de adendas que, según la actual administración, habrían terminado modificando sustancialmente el objeto original del contrato.
“Nosotros no vamos a apañar a nadie”, aseveró el director Jurídico del ente previsional, Dr. Pablo Morínigo, durante la conferencia de prensa llevado a cabo este miércoles, con presencia del presidente del IPS, Dr. Isaías Fretes, al remarcar que la institución se encuentra a disposición del Ministerio Público para facilitar toda la documentación requerida.
La investigación fiscal derivó en la imputación de los expresidentes del IPS Vicente Bataglia y Jorge Brítez, además de otros funcionarios, por una presunta lesión de confianza vinculada al proyecto de los quirófanos modulares. El proceso contempla un supuesto perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones, cuya determinación deberá ser establecida durante la investigación.
Desde el IPS calificaron el avance de la Fiscalía como un hecho histórico, al tratarse de la primera vez que dos expresidentes de la previsional son imputados en el marco de una investigación de esta naturaleza. La actual conducción sostiene que el proceso es consecuencia, entre otros factores, de las inspecciones y verificaciones realizadas en distintas dependencias de la institución desde el inicio de la administración encabezada por el doctor Isaías Fretes.
“Estamos empezando a ver el cuerpo del iceberg”, sostuvo el funcionario consultado, al explicar que las primeras irregularidades detectadas podrían ser apenas una parte de un problema más amplio que se viene investigando dentro de la previsional.
ADENDAS QUE HABRÍAN CAMBIADO EL OBJETO ORIGINAL
Uno de los principales cuestionamientos apunta al contrato originalmente firmado para la adquisición e instalación de quirófanos modulares. Según explicó la administración actual, durante su ejecución se fueron incorporando adendas que habrían alterado el objeto inicialmente establecido.
El contrato, según la explicación brindada, comenzó con un objetivo específico, pero posteriormente sufrió modificaciones que lo llevaron a contemplar otros bienes o servicios diferentes. Para las actuales autoridades, este cambio constituye uno de los elementos que deben ser esclarecidos por la investigación.
También señalaron que algunas de estas modificaciones se habrían realizado pese a la existencia de dictámenes de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) que advertían a las administraciones anteriores sobre los riesgos de continuar por esa vía.
La actual administración considera que estos antecedentes ameritan una investigación exhaustiva, aunque aclaró que las personas imputadas mantienen vigente el principio de inocencia y que corresponderá a la Justicia determinar si existieron delitos y quiénes serían eventualmente responsables.
EQUIPOS FALTANTES Y BIENES QUE NO FUERON ENCONTRADOS
Otro de los puntos que generó preocupación durante las verificaciones internas fue la situación de los equipos adquiridos en el marco del contrato.
De acuerdo con las autoridades, durante las inspecciones se detectaron faltantes e incluso la inexistencia de algunos elementos que debían encontrarse en la institución. Sin embargo, indicaron que el inventario exacto y el detalle de los bienes involucrados todavía están siendo determinados mediante auditorías y revisiones documentales.
También se constató que parte de los equipos había sido entregada durante administraciones anteriores, aunque todavía se intenta establecer si la entrega se produjo en su totalidad y qué ocurrió posteriormente con los bienes que actualmente no fueron localizados.
“¿En qué momento pudo haber desaparecido?”, es una de las preguntas que deberá ser respondida durante la investigación, según las autoridades.
IPS ENTREGA DOCUMENTOS Y PROMETE COLABORACIÓN TOTAL
Respecto a versiones sobre eventuales dificultades de la Fiscalía para acceder a documentación del Consejo de Administración relacionada con la licitación, el IPS negó que la actual administración haya obstaculizado el proceso.
Por el contrario, aseguró que todos los documentos solicitados por el Ministerio Público fueron puestos a disposición y que parte de esa documentación constituye actualmente la base de la imputación fiscal.
Las autoridades indicaron que todavía existen documentos que deben ser localizados en los archivos de la institución y que serán entregados a la Fiscalía a medida que sean encontrados.
En cuanto a la posibilidad de que representantes o directivos de la empresa involucrada también sean imputados, desde el IPS señalaron que esa decisión corresponde exclusivamente al Ministerio Público, que deberá determinar si existen elementos para atribuirles algún grado de participación en los hechos investigados.
TAMBIÉN PODRÍAN AMPLIARSE LAS IMPUTACIONES
La investigación no necesariamente se limitaría a las personas que ya fueron imputadas.
Las autoridades del IPS explicaron que actualmente se están buscando las actas de las reuniones del Consejo de Administración para analizar las decisiones adoptadas por los consejeros que dieron su aval a determinadas agendas relacionadas con el contrato.
El análisis de esas actas podría eventualmente derivar en una ampliación de la imputación, en caso de que la Fiscalía encuentre méritos suficientes para investigar la participación de otros integrantes del Consejo. “Se van a analizar acabadamente los fundamentos y razones de cada consejero”, señalaron.
Las actas se encuentran en los archivos institucionales y su localización y revisión forman parte del proceso de recopilación de antecedentes.
38 PROCESOS ESTÁN BAJO AUDITORÍA
El caso de los quirófanos modulares se inserta además en una revisión más amplia de la gestión del IPS.
Desde la institución informaron que actualmente existen 38 procesos en curso dentro de la auditoría, mientras que otros nueve ya culminaron y fueron remitidos a las áreas correspondientes para determinar si ameritan planes de mejoramiento o el traslado de los antecedentes a la Asesoría Jurídica y, eventualmente, al Ministerio Público.
La actual administración sostuvo que esta política de revisión pretende transparentar el funcionamiento interno del IPS y detectar irregularidades que pudieron haberse producido en gestiones anteriores.
Cuando un funcionario resulta imputado por hechos vinculados a la institución, además de la investigación penal se activan los mecanismos administrativos correspondientes, incluyendo los sumarios que puedan resultar pertinentes.
El mensaje político e institucional de la actual conducción del IPS fue contundente: ningún expresidente, funcionario, consejero o particular será protegido si existen elementos que indiquen que pudo haber cometido irregularidades contra la previsional.
No obstante, las autoridades insistieron en que una imputación no equivale a una condena y que no corresponde señalar como culpables a las personas investigadas mientras no exista una resolución judicial firme.
El IPS se presenta, así como parte afectada por los hechos investigados y, al mismo tiempo, como una institución dispuesta a colaborar con el Ministerio Público para determinar qué ocurrió con los contratos, las adendas, los desembolsos, las obras que no llegaron a concretarse y los equipos que actualmente no fueron encontrados.
Para la administración encabezada por Isaías Fretes, el caso de los quirófanos modulares podría ser apenas el inicio de una revisión más profunda de la gestión institucional. La promesa, mientras avanzan las investigaciones, es mantener abiertas las puertas del IPS y permitir que sean los organismos competentes los que determinen las responsabilidades correspondientes.