La propuesta central que atraviesa sus declaraciones es que el IPS debería ser administrado pensando en los trabajadores, jubilados y empleadores que financian el sistema, y no en los intereses políticos de cada gobierno de turno.
- Un Consejo de Administración elegido por los verdaderos aportantes
Halley cuestionó abiertamente el actual mecanismo de conformación del Consejo de Administración del IPS y sostuvo que, en la práctica, este órgano terminó altamente condicionado por la política partidaria.
Utilizó una comparación gráfica para describir la situación: el Consejo puede transformarse en un organismo identificado con el color político del gobierno de turno y cambiar nuevamente cuando cambie el poder político.
A su criterio, puede haber excepciones y personas con una visión institucional de largo plazo, pero el problema fundamental está en el mecanismo mediante el cual llegan los consejeros al cargo.
En ese sentido, planteó que la discusión no debería reducirse a eliminar o mantener el Consejo, sino a responder una pregunta mucho más importante: ¿quién elige a quienes representan a los trabajadores, jubilados y empleadores?
Su propuesta es que esos representantes sean elegidos democráticamente por los propios sectores que integran y financian el sistema. “Nosotros los jubilados queremos elegir a nuestros representantes”, sostuvo Halley, cuestionando que sea el Poder Ejecutivo el que termine designando a personas vinculadas políticamente con el gobierno de turno.
El planteamiento cobra especial relevancia porque actualmente se encuentra en trámite en Diputados una iniciativa de Daniel Centurión y Rocío Vallejo que pretende reorganizar la gobernanza del IPS. El proyecto propone sustituir el actual Consejo de Administración por un Consejo Honorífico de Representación y Fiscalización, separando las funciones de administración ejecutiva de las de representación y control. Los representantes serían uno de empleadores, uno de trabajadores asegurados y uno de jubilados y pensionados, con sus respectivos suplentes y mandatos de cuatro años.
La iniciativa también plantea que estos representantes ejerzan sus funciones ad honorem, sin salarios, dietas ni gastos de representación, y que dejen de intervenir en las decisiones sobre licitaciones y adjudicaciones.
Halley, sin embargo, introduce un matiz importante: la representación sectorial no necesariamente debe desaparecer; debe cambiar la forma de legitimarla.
Esto resulta especialmente relevante para una institución cuyos recursos provienen fundamentalmente de los aportes de trabajadores y empleadores. Para el exgerente, sería difícil justificar que quienes financian la seguridad social no tengan capacidad efectiva de elegir a quienes los representan.
Pero también advierte que una reforma de esta naturaleza es estructural y de largo alcance. El actual presidente del IPS, Derlis León, tendrá que enfrentar mientras tanto, problemas mucho más inmediatos: medicamentos, insumos, infraestructura, gestión administrativa, recursos humanos y funcionamiento cotidiano.
En otras palabras, la reforma de la gobernanza no puede convertirse en una excusa para postergar las soluciones urgentes, pero tampoco las urgencias deberían impedir discutir el problema de fondo.
- El enorme negocio detrás de los aportes y el riesgo de una privatización del sistema
El segundo eje de la advertencia de Halley es todavía más sensible: el enorme volumen de recursos que mueve la seguridad social.
Según su estimación, el IPS recauda alrededor de US$ 150 millones mensuales. Halley sostiene que ese flujo convierte al sistema previsional en un espacio económico de enorme atractivo y advierte sobre el interés que podría generar una eventual expansión de administradoras privadas de fondos de pensiones.
Aquí corresponde hacer una precisión: la Ley N° 7235/2023, de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, no privatizó el IPS ni estableció que los fondos del IPS deban pasar a administradoras privadas. Lo que hizo fue crear un marco de regulación y supervisión para entidades previsionales públicas y privadas. La propia norma incluye expresamente al IPS dentro de las entidades públicas sujetas a supervisión y contempla también entidades privadas, como mutuales y sociedades anónimas con planes de cotización definida.
La ley también reconoce tanto el sistema de reparto como el de capitalización individual y establece atribuciones de la Superintendencia para regular las entidades privadas, incluyendo aspectos como inversiones, gobierno corporativo, comisiones y gestión de riesgos.
Por eso, la preocupación expresada por Halley debe entenderse como una advertencia y una interpretación política sobre hacia dónde podría evolucionar el sistema, y no como una afirmación de que ya exista una decisión legal de privatizar el IPS.
El exgerente considera que existe una tendencia a desacreditar al IPS mediante mensajes pesimistas sobre su futuro financiero. Cuestiona particularmente que desde ámbitos institucionales se transmita la idea de que el sistema estaría destinado al colapso en determinada fecha, porque, según su interpretación, ese tipo de mensajes puede desalentar la incorporación de nuevos cotizantes y debilitar la confianza en la previsional.
Su advertencia es concreta: una institución pública con millones de aportantes no debería ser debilitada mediante la pérdida de confianza en su propia sostenibilidad.
Halley sostiene que el IPS necesita reformas y ajustes profundos, pero rechaza que la solución sea abandonar completamente el modelo solidario para sustituirlo por un sistema de capitalización individual.
La diferencia es sustancial: reformar el IPS significaría corregir sus problemas de gestión, control, recaudación, inversiones y prestaciones; reemplazar su modelo implicaría una transformación mucho más profunda de la seguridad social.
El propio IPS sostiene que la Ley 7235 abrió nuevas posibilidades de inversión para los fondos previsionales, bajo reglas de diversificación y límites destinados a reducir riesgos.
Por tanto, el debate no debería plantearse simplemente como “IPS público versus IPS privado”, sino alrededor de cuestiones concretas: quién administra los fondos, bajo qué reglas, con qué controles, qué costos se generan, quién asume los riesgos y cómo se garantiza que los aportes sigan destinados a financiar las prestaciones de los asegurados.
- Cruzar la información del IPS con la DNIT para atacar la evasión
El tercer planteamiento de Halley apunta directamente a uno de los problemas históricos de la seguridad social paraguaya: la evasión de los aportes obrero-patronales.
El exgerente toma como referencia el trabajo de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que mediante cruces de información y herramientas de inteligencia fiscal logró ampliar sustancialmente su universo de contribuyentes y detectar inconsistencias.
Su pregunta es sencilla: si el Estado ya posee información sobre las empresas y las personas que realizan actividades económicas, ¿por qué el IPS no utiliza plenamente esos mismos datos para identificar automáticamente a quienes deberían estar cotizando?
Halley propone una reforma todavía más profunda: trasladar la administración del registro y control de los aportes desde la actual Dirección de Aporte Obrero Patronal hacia la DNIT.
Su argumento parte de una lógica de integración estatal: una empresa que se formaliza ante el fisco debería quedar automáticamente identificada también como empleadora ante la seguridad social.
El problema, según describe, es que actualmente pueden coexistir dos realidades: una empresa registrada ante el sistema tributario y, al mismo tiempo, parcialmente registrada o directamente no registrada ante el IPS.
En términos simples: para el Estado tributario existe, pero para la seguridad social puede no existir en la misma dimensión.
El IPS mantiene actualmente una Dirección de Aporte Obrero Patronal dentro de su estructura administrativa y financiera, encargada de trámites relacionados con empleadores y asegurados.
Halley sostiene que esa separación institucional favorece las zonas grises y limita la capacidad de fiscalización.
- Evasión del 60% y 80% en el Alto Paraná
Pone como ejemplo al Alto Paraná y Ciudad del Este, donde, según sus declaraciones, persisten niveles históricamente elevados de evasión. La afirmación sobre porcentajes concretos —60% de evasión obrera y más de 80% patronal— corresponde a la estimación expresada por Halley y requeriría datos oficiales actualizados para ser tomada como medición vigente.
El punto estructural, sin embargo, es otro: cada trabajador que permanece fuera del sistema representa menos recursos para financiar las prestaciones actuales y futuras.
Y cada empleador que no declara correctamente a sus trabajadores genera una competencia desigual frente a las empresas que sí cumplen.
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