El caso se originó a partir de quejas de vecinos, lo que derivó en un sumario administrativo impulsado por la Municipalidad local. Posteriormente, mediante imágenes de circuito cerrado, se constató la descarga de combustible desde camiones con emblemas comerciales en plena vía pública.
Durante el procedimiento, el Ministerio Público, con apoyo de otras instituciones, realizó un allanamiento en el lugar donde se incautaron mangueras y equipos utilizados para el drenaje de combustible.
Según explicó el fiscal, se investiga un posible esquema de “ordeño”, es decir, la extracción irregular de combustible, aunque aclaró que aún se debe confirmar si se trata de una actividad clandestina o de una operación irregular.
En el sitio, los responsables presentaron facturas de compra, alegando que el combustible era destinado a una flota de aproximadamente 30 camiones. Sin embargo, el volumen manejado genera sospechas.
VOLÚMENES BAJO SOSPECHA
De acuerdo con los datos recabados, en el lugar se realizaban entre dos y tres cargas diarias, alcanzando unos 36.000 litros de combustible por día. “El consumo declarado no coincide con la capacidad de los camiones. Un camión utiliza cerca de 1.000 litros, lo que genera dudas sobre el destino del excedente”, indicó Rienzi.
Además, se detectó la participación de al menos dos emblemas comerciales en la provisión del combustible, lo que también será objeto de análisis dentro de la investigación.
DELITOS INVESTIGADOS Y ALCANCE PENAL
Actualmente, la causa se centra en la posible violación del artículo 200 del Código Penal, que sanciona la manipulación indebida de sustancias peligrosas.
El fiscal explicó que se trata de un delito de “peligrosidad”, ya que implica el manejo de materiales inflamables en una zona urbana sin las condiciones técnicas adecuadas, lo que representa un riesgo para la población. “Es como conducir en estado de ebriedad: aunque no haya un daño concreto, el peligro existe”, comparó.
Las penas previstas son menores a cinco años, lo que podría derivar en salidas alternativas como suspensión condicional del procedimiento o criterios de oportunidad, siempre que exista una reparación social proporcional al daño causado.
INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA
Rienzi aclaró que, si bien se solicitó investigar posibles hechos de apropiación indebida o lesión de confianza, estos aún no han podido ser comprobados. También desmintió versiones sobre supuesta implicancia de actores políticos, señalando que no existe denuncia formal al respecto y que cualquier información debe ser presentada ante el Ministerio Público para su verificación.
Por su parte, representantes de una de las empresas mencionadas ya se pusieron a disposición de la Fiscalía para colaborar con las investigaciones.