Con el respaldo del sector industrial, el Ministerio de Justicia dio un paso clave hacia un modelo penitenciario más humano y productivo. En un acto encabezado por el ministro Rodrigo Nicora y el titular de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte Luraghi, ambas instituciones formalizaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional que marca el inicio de una nueva etapa para la reinserción de personas privadas de libertad (PPL).
El acuerdo establece una alianza estratégica orientada al desarrollo de programas de capacitación técnica, inserción laboral y generación de bienes y servicios dentro de las penitenciarías, con el acompañamiento activo de los gremios industriales. La iniciativa se enmarca en el proyecto PROA (Reinserción, Oportunidades y Avance Transformador), que busca dotar de herramientas reales a las PPL para su retorno a la sociedad.
“La reinserción no termina en conseguir un empleo. Tiene un alcance mucho mayor: reconstruye vínculos, genera autoestima y aporta seguridad al país. Esta alianza con el sector privado es esencial para lograr ese cambio”, afirmó el ministro Nicora, quien destacó además que “Paraguay puede volver a ser un gigante, si volvemos a creer en nosotros mismos”.
A su turno, Enrique Duarte manifestó el compromiso empresarial con el desarrollo inclusivo: “Estamos convencidos de que la reinserción es posible y queremos ser parte activa de esa transformación. Apostamos por una alianza seria y sostenida que impacte positivamente en las personas y en el país”.
El convenio tendrá una duración inicial de dos años y podrá ser renovado. No implica compromisos económicos entre las partes, sino un trabajo articulado con base en la cooperación gratuita. La ejecución estará a cargo de equipos técnicos especializados, bajo estrictas normas de integridad institucional y protección de datos.
Durante la ceremonia también estuvieron presentes Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal; Rafael Caballero, viceministro de Justicia; Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social; Guido González, jefe del Departamento Laboral; y Lorena Méndez, vicepresidenta de la UIP. Todos coincidieron en la necesidad de consolidar políticas públicas que ofrezcan segundas oportunidades y contribuyan a una sociedad más justa y segura.