Las autoridades destacaron que uno de los principales objetivos fue brindar tranquilidad a los sectores involucrados, aclarando de manera precisa qué grupos serán alcanzados por la nueva normativa y cuáles mantendrán intactos los beneficios establecidos por la legislación vigente.
Tras el encuentro, el ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, remarcó que el concepto de derechos adquiridos fue uno de los puntos más sensibles y, al mismo tiempo, el más aclarado. Señaló que los efectivos ya jubilados no se verán afectados en absoluto por la reforma, así como tampoco aquellos policías y militares que ya alcanzaron el mínimo de años de aporte exigido.
En ese sentido, precisó que la ley no tendrá impacto sobre los policías con más de 10 años de aportes ni sobre los militares con 15 años o más, quienes continuarán rigiéndose por las condiciones actuales. Explicó que la reforma apunta principalmente a quienes aún no alcanzaron ese umbral y a los futuros ingresantes, que ya conocerán desde el inicio las reglas del sistema previsional.
REGLAS CLARAS PARA EL FUTURO DEL SISTEMA
Riera sostuvo que uno de los principales beneficios del proyecto es que establece reglas claras y previsibles para las nuevas generaciones de policías y militares. “Quienes ingresen en el futuro sabrán exactamente cuáles son las condiciones de su carrera y de su jubilación”, afirmó, subrayando que esto contribuye a fortalecer la planificación personal y profesional del personal de seguridad y defensa.
Asimismo, destacó que el nuevo esquema permite ordenar el sistema sin alterar los derechos consolidados, lo que fue bien recibido por los representantes gremiales presentes en la reunión.
RETENCIÓN DE PERSONAL EXPERIMENTADO
Otro de los puntos resaltados fue el impacto positivo que la reforma tendría en la retención de personal con experiencia. Riera señaló que el régimen vigente obligaba al retiro de numerosos efectivos aun plenamente aptos, lo que representaba una pérdida significativa para las instituciones.
Con la adecuación del sistema, acotó, se evitará la salida anticipada de policías y militares con alta formación y trayectoria, permitiendo que continúen en actividad por más tiempo, fortaleciendo así la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA Y RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
El ministro del Interior también subrayó que los gremios comprendieron la necesidad de avanzar hacia un sistema financieramente sostenible, considerando que el actual esquema presenta un déficit que termina siendo cubierto por el conjunto de la ciudadanía.
En ese marco, se destacó que la reforma busca que las propias cajas del sector policial y militar se fortalezcan a partir de sus aportes y nuevas fórmulas de financiamiento, reduciendo la carga sobre el Estado y promoviendo un esquema más equitativo.
CAJA PARLAMENTARIA: UN PROBLEMA ÉTICO Y MORAL
Por otro lado, el ministro del interior se refirió a la jubilación de los parlamentarios, que acceden al beneficio con apenas 10 años de aporte, una cifra que contrasta drásticamente con las exigencias impuestas al resto de la sociedad. “No tiene lógica que le pidamos a la ciudadanía que se apriete el cinturón mientras nosotros nos jubilamos en una década”, señaló, calificando la situación como un conflicto ético y moral más allá de los números.
Agregó que la crisis de la caja parlamentaria no es solo una cuestión de principios; es un desafío financiero inminente. Indicó que, con más de 280 beneficiarios actuales y un sistema cuya sostenibilidad está en duda, surge la incertidumbre sobre cómo se financiarán estos haberes a largo plazo.
Si bien se plantea la posibilidad de que los legisladores que no completen los periodos puedan retirar sus aportes —entendiendo que ese dinero forma parte de su salario—, el problema de fondo sigue siendo la desigualdad del sistema, dijo Riera. Afirmó asimismo que, en términos macroeconómicos, la caja parlamentaria representa una “gota en el mar”, y su reforma es vista como un gesto indispensable de coherencia política ante un país que exige mayor transparencia y justicia social en el manejo de los fondos públicos.
GARANTÍAS LEGALES Y RESPALDO TÉCNICO
Por su parte, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, explicó que la reunión incluyó a círculos de oficiales y suboficiales, tanto en actividad como retirados, y que el Gobierno no solo brindó explicaciones verbales, sino que presentó el contenido concreto del proyecto de ley, artículo por artículo.
González enfatizó que quienes ya cuentan con el derecho adquirido al retiro parcial o total seguirán amparados por la ley vigente, y que la nueva normativa solo alcanzará a quienes aún no consolidaron ese derecho. “No hablamos de interpretaciones, sino de lo que está escrito en el proyecto”, afirmó.
DIÁLOGO Y CONSENSO COMO HOJA DE RUTA
Las autoridades coincidieron en que el resultado de la reunión fue positivo y que los gremios salieron satisfechos al comprobar que sus derechos están garantizados. En ese sentido, reafirmaron el compromiso de mantener el diálogo abierto, atender nuevas inquietudes y seguir ajustando los aspectos técnicos necesarios.
Finalmente, se destacó la decisión del Gobierno de encarar una reforma estructural largamente postergada, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la Caja Fiscal y brindar mayor certeza al personal de la Fuerza Pública, en un proceso que seguirá siendo acompañado por instancias de diálogo y construcción de consensos.
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