Gremios exigen al IPS retirar USD 300 millones depositados en un banco de plaza

Organizaciones sindicales y representantes de asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) exigen el retiro inmediato de aproximadamente USD 300 millones depositados en Ueno Bank. Los sectores cuestionan la colocación de recursos del fondo jubilatorio en la entidad financiera y reclaman mayores garantías, transparencia y explicaciones sobre los criterios utilizados para administrar el dinero de los aportantes.

Gremios exigen al IPS retirar USD 300 millones depositados en un banco de plaza

El reclamo fue impulsado este martes por la Asociación de Asegurados del IPS (AAIPS), la Organización de Trabajadores de la Educación (OTEP-SN), Acción Sindical Clasista (ASC), la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) y el Grupo Insurgencia. Sus representantes solicitan que la totalidad de los recursos depositados en el banco sea trasladada a otras instituciones financieras que consideren más confiables.

Los dirigentes sindicales y de asegurados, entre ellos Julio López, vocero de los asegurados, y Bernabé Penayo, de Acción Sindical Clasista, advierten sobre presuntos conflictos de intereses, tráfico de influencias y posibles riesgos para el patrimonio previsional. Estas son denuncias y cuestionamientos planteados por los gremios, que reclaman respuestas de las autoridades competentes.

CUESTIONAN VÍNCULOS Y RECLAMAN EXPLICACIONES

Entre los puntos señalados por los manifestantes figuran los antecedentes empresariales del presidente de la República, Santiago Peña, quien tuvo participación accionaria en el holding ueno, y de Carlos Carvallo, actual titular del Banco Central del Paraguay (BCP), quien anteriormente presidió el grupo empresarial.

Los gremios cuestionan lo que consideran un posible trato favorable hacia la entidad financiera y exigen que se aclaren los criterios aplicados para la colocación de los fondos del IPS. También reclaman explicaciones al presidente de la previsional, Derlis León, sobre la seguridad de los depósitos y las decisiones adoptadas en materia de inversiones.

Los denunciantes sostienen que el retiro debe realizarse de manera segura y oportuna, como medida preventiva para proteger los aportes de trabajadores y jubilados. Como argumento, recuerdan las pérdidas que sufrió el IPS durante la crisis bancaria de la década de 1990, cuando parte de los recursos previsionales no pudo recuperarse íntegramente.

Además del retiro de los fondos, plantean abrir un debate nacional sobre la creación de un banco social de segundo piso, como alternativa para ampliar las herramientas de administración y colocación de los recursos previsionales.

CASI LA MITAD DE LAS RESERVAS ESTÁ CONCENTRADA EN CINCO BANCOS

El reclamo se produce en medio de la discusión sobre la distribución de las inversiones del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones del IPS, cuyo portafolio ronda los G. 19,75 billones, equivalentes a unos USD 2.800 millones, según los datos citados en los informes sobre la cartera previsional.

La mayor parte de los recursos está colocada en el sistema financiero, principalmente mediante certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a la vista y otros instrumentos. Cinco entidades —Banco Continental, Itaú, GNB, Sudameris y Atlas— concentran una parte importante de las reservas, aunque el IPS también mantiene recursos en otras instituciones.

El portafolio incluye además préstamos destinados a los propios asegurados, inversiones inmobiliarias y colocaciones en el mercado de valores.

En esa línea, el Consejo de Administración del IPS autorizó recientemente inversiones en bonos corporativos por USD 44 millones, correspondientes a empresas como Telecel S.A.E. y Vicente Scavone & Cía. La medida apunta a diversificar las colocaciones más allá de los depósitos bancarios tradicionales.

La controversia vuelve a poner en el centro del debate la administración de los fondos jubilatorios, la transparencia de las decisiones de inversión y los mecanismos de control sobre recursos que pertenecen a los aportantes. Los gremios exigen que sus cuestionamientos sean atendidos y que se priorice la protección del patrimonio previsional.

 

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