En un comunicado conjunto emitido este sábado, los sectores empresariales aclararon que no cuestionan la mejora de los ingresos de los trabajadores, pero sí la forma en que se definió el incremento.
Señalan que la Ley N.º 5764/2016 establece que la actualización anual del salario mínimo debe realizarse conforme a la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Banco Central del Paraguay.
Según los gremios, dicha normativa fue creada precisamente para eliminar la discrecionalidad y garantizar que los ajustes salariales se determinen mediante criterios objetivos, transparentes y previsibles. Por ello, consideran que la reciente decisión del Ejecutivo genera un precedente que debilita la seguridad jurídica y la confianza en las reglas de juego.
Las organizaciones empresariales sostienen que el problema trasciende el monto del aumento y se convierte en una cuestión institucional, ya que entienden que el apartamiento de un mecanismo legalmente establecido introduce incertidumbre para trabajadores, empresas e inversionistas.
EL MTESS NO RESGUARDÓ LA LEGALIDAD
Asimismo, cuestionaron el rol del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al considerar que la institución encargada de velar por el cumplimiento de la normativa no resguardó el procedimiento previsto por la ley.
La FEPRINCO advirtió que la previsibilidad ha sido uno de los principales activos construidos por Paraguay durante las últimas décadas para atraer inversiones, generar empleo formal y fomentar el crecimiento económico.
En ese sentido, alertó que decisiones que se apartan de las reglas vigentes pueden afectar la confianza de quienes invierten y desarrollan actividades productivas en el país.
Finalmente, los gremios reiteraron su disposición al diálogo y exhortaron a que futuras decisiones de alto impacto económico se adopten con estricto apego a los mecanismos legales establecidos, a fin de preservar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza necesarias para el desarrollo nacional.